El Poder Judicial prohíbe que jueces y fiscales pertenezcan a sociedades secretas o sectarias

Votos sobre el Opus Dei

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acabó ayer el debate sobre las propuestas para la reforma de la justicia, no incluirá entre ellas el cambio del sistema de elección parlamentaria de sus 20 vocales. Queda descartada así la posibilidad de solicitar que los 12 de procedencia judicial fueran elegidos por los propios jueces y magistrados. El vocal Enrique Arnaldo retiró su enmienda en este sentido. En cambio, fue aprobada la de Javier Moscoso para prohibir la pertenencia de jueces y fiscales a organizaciones secretas o que generen en sus adeptos vínculos de obediencia y disciplina, lo que, según algunos de los consejeros, incluiría al Opus Dei.La enmienda de Arnaldo y de la también vocal Margarita Retuerto proponía el consenso para reformar el sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ, mediante "su elección por sufragio, libre, directo y secreto por todos los jueces y magistrados en activo", una propuesta que coincide con el programa electoral del PP. Durante el debate se puso de manifiesto que, de plantearse esta iniciativa por el actual órgano de gobierno de los jueces, cuyos 20 vocales fueron elegidos por el Parlamento, podría significar una deslegitimación del CGPJ. En atención a éste y otros argumentos, Arnaldo retiró la enmienda, que, por lo tanto, no fue sometida a votación.

Sí fue, en cambio, aprobada por 10 votos del total de 18 consejeros presentes, la propuesta por Moscoso, que algunos vocales relacionaron con la prohibición de pertenecer al Opus Dei, entre otras organizaciones cuyo perfil se describe en la enmienda que se ha incorporado a las propuestas del CGPJ.El texto aprobado, que parte de la prohibición constitucional de pertenencia de los jueces a partidos y sindicatos y lo amplía a otras entidades, dice así: "Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer a partidos políticos, sindicatos ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional".

El pleno finalizó el debate de las propuestas para la reforma de la justicia con la discusión sobre las referidas a la carrera judicial y la oficina judicial.

Se aprobó la propuesta de unificación de acceso de las carreras judicial y fiscal. En el sistema ordinario de acceso a ambas carreras se ha suprimido la inicial propuesta de que los aspirantes, aparte de las pruebas memorísticas, "deberán superar, en el momento que se determine reglamentariamente, un test o prueba de aptitud psicológica y física ante los tribunales médicos de evaluación que se creen en el ámbito de este CGPJ, para evaluar la aptitud física o psíquica para el ejercicio de la función judicial".

La razón que se dio para no aprobar esta propuesta fue que, dado que el CGPJ es competente para la selección de jueces y magistrados, podrá implantar tales pruebas, si así lo estima procedente en el momento oportuno.

Tras la aprobación, con escasos retoques, de las propuestas sobre carrera profesional y régimen de incompatibilidades, se acordó pedir al legislador la modificación de las infracciones disciplinarias, dada la difícil aplicación de algunas de ellas por "la deficiente tipificación efectuada en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial". También se acordó actualizar las sanciones y el procedimiento sancionador.

En materia de jueces sustitutos, se aprobó proponer que puedan ser nombrados como tales los secretarios judiciales, así como los abogados con más de 20 años de ejercicio. Asimismo, tras estimar en 1.365 las nuevas plazas judiciales que deberán crearse en el próximo decenio, propuso convocar cada año 250 plazas. También se aprobó una propuesta reiteradamente realizada por los secretarios judiciales, que solicitaban su adscripción al órgano de gobierno de los jueces.

Para el mejor funcionamiento de la oficina judicial se propuso que los servicios comunes se regulen por ley y se doten suficientemente.