El Poder Judicial reprocha al Gobierno que la Ley de Extranjería favorecerá su arbitrariedad

El informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto aprobar mañana sobre la reforma de la Ley de Extranjería del año 2000 reprocha al Ejecutivo que la futura ley favorece la arbitrariedad gubernamental, limita los derechos de los inmigrantes y reduce el control judicial de decisiones gubernativas como expulsiones, privación de libertad y alejamiento de los extranjeros, entre otras medidas. El proyecto de informe, que aprobó ayer la Comisión de Estudios del CGPJ, critica la limitación de derechos a los inmigrantes y la falta de garantías a los tachados de "ilegales".

Suprimida la igualdad

El texto prelegislativo fue sometido el 18 de julio último a informe del CGPJ, tras el recordatorio que el órgano de gobierno de los jueces hizo al presidente del Ejecutivo, José María Aznar, sobre la omisión del mismo, a pesar de que la futura ley afecta a la tutela judicial del ejercicio de derechos fundamentales, uno de los supuestos legales de informe preceptivo, aunque no vinculante, de los anteproyectos de ley.El informe requerido con carácter de urgencia, del que son ponentes los vocales Rafael Fernández Valverde y Ramón Sáez Valcárcel, fue aprobado ayer por la Comisión de Estudios e Informes, que introdujo por unanimidad diversos retoques sobre el borrador inicial, de 55 folios. Asistieron el presidente de la comisión, Enrique Arnaldo, los dos ponentes, y las vocales Manuela Carmena y Ángeles Huet, esta última con voz y sin voto.

El definitivo proyecto de informe que se someterá mañana al pleno del CGPJ, entre sus críticas generales a la pretendida reforma de Ley de 11 de enero de 2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, resalta un indicio que orienta "toda la reforma": el artículo 3 pasa de denominarse "Igualdad con los españoles e interpretación de las normas" a "Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas". Frente a esta orientación, el CGPJ se pronuncia a favor de la equiparación de derechos civiles entre españoles y extranjeros que establece el propio Código Civil, "pese a su origen decimonónico y liberal", señala. En cuanto a la supuesta superación del fenómeno migratorio que esgrime el Gobierno para variar la orientación de la Ley de Extranjería, sin apoyar esta afirmación en datos que la sustenten, el CGPJ critica la inmediatez de la reforma a sólo seis meses de su vigencia y sin esperar un periodo mínimo de aplicación ni haber desarrollado reglamentariamente la ley.

Otro de los reproches generales es que la reforma gubernamental conecta el goce y disfrute de derechos "al presupuesto de que el extranjero resida legalmente en España". En contraste con este planteamiento, el CGPJ recuerda que el Tribunal Constitucional ha declarado que "los extranjeros gozan en nuestro país, en condiciones plenamente equiparables a los españoles, de aquellos derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y que resultan imprescindibles para la garantía de la dignidad humana".

El informe del CGPJ observa que el Gobierno pretende pasar del máximo nivel de equiparación de derechos entre extranjeros y españoles establecido en la vigente Ley de Extranjería a los límites previstos en la ley de 1985.

Así, mientras en la ley vigente los extranjeros tienen, sin distinción, derecho a la documentación, libre circulación, reunión, manifestación, asociación, educación, trabajo, Seguridad Social, libertad de sindicación y de huelga, asistencia sanitaria, tutela judicial efectiva, recurso contra actos administrativos y asistencia jurídica gratuita, en la reforma del Gobierno se matiza el goce de algunos de esos derechos según que se tenga o no residencia legal en España.

Entre otras limitaciones, se exige la residencia legal para el derecho a la educación no obligatoria, el requisito de estar "autorizado a trabajar" para el ejercicio del derecho al trabajo y a la Seguridad Social y la exigencia de hallarse en España para la asistencia jurídica gratuita.

Uno de los puntos más criticados por el CGPJ es la posibilidad de que la denegación del visado no se motive. La motivación "facilita al destinatario su impugnación (...) y el control jurisdiccional" y es "otro mecanismo por el que se dificulta la arbitrariedad de los poderes públicos", observa el CGPJ. El informe es también tajante sobre las demás garantías de las resoluciones gubernativas sancionadoras de los extranjeros, "ya se trate de residentes legales como de ciudadanos que no gozan de tal condición".

En cuanto a la privación de libertad, el informe señala que, por ser la libertad "un derecho inherente a la condición humana", lleva aparejada la asistencia letrada e intérprete, así como la puesta a disposición de la autoridad judicial, derecho del que goza "tanto el residente legal como el que no lo es".

De ahí que, frente a la ejecución forzosa de una orden de devolución a su país de origen, el CGPJ pide que se admita al extranjero que permanezca en la "zona de rechazados" del aeropuerto el procedimiento del habeas corpus, para que el juez competente decida si la medida es o no lícita.