Aviso a mafiosos

Los Gobiernos de España e Italia han hecho lo único que estaba en sus manos para resolver el contencioso de los mafiosos italianos refugiados en suelo español: crear un espacio judicial y policial común que supere los condicionantes del proceso clásico de extradición y otorgue validez a las resoluciones judiciales y policiales en ambos países. Excluida la vía rápida de actuar en el ámbito de ejecución de las resoluciones judiciales referidas a mafiosos, por el riesgo evidente de interferir en la independencia de los jueces, sólo quedaba la opción a medio plazo de las reformas de los ordenamientos jurídicos. Resultaba escandaloso y de difícil jutificación desde los postulados básicos de dos Estados democráticos, con sistemas jurídicos homologables, que varios cientos de delincuentes juzgados y condenados en rebeldía en uno de ellos pudieran encontrar refugio en el otro.De momento, las cosas siguen como están. Pero los numerosos mafiosos refugiados en España, la mayoría de ellos ocultos bajo una doble identidad, quedan avisados. El respiro que se les da no debería durar más tiempo que el necesario para que los Parlamentos de España e Italia ratifiquen el acuerdo firmado el jueves por los ministros de Justicia de ambos países y acometan las reformas legislativas derivadas del mismo.

El problema creado deriva de la doctrina del Tribunal Constitucional opuesta a conceder la extradición a Italia de nacionales de ese país juzgados y condenados en rebeldía mientras se hallaban en España, si no se les asegura un nuevo juicio o la revisión del anterior. Y ello porque en España no es posible la celebración de juicios en ausencia del acusado, archivándose las actuaciones mientras no sea conducido ante el tribunal. La Audiencia Nacional, órgano competente en España en materia de extradición, intentó obviar ese obstáculo desde la consideración de que tales juicios en ausencia no vulneran el derecho de defensa del justiciable y cuentan con el aval de las máximas instancias jurídicas de la Unión Europea. El Constitucional español ha hecho valer su posición contraria como supremo garante de los derechos y garantías constitucionales.

El paso dado por España e Italia no es incoherente, sino todo lo contrario, con el proceso de armonización legal, judicial y policial iniciado en el seno de la Unión Europea. Un proceso lento, dadas las diferentes legislaciones y las distintas evoluciones históricas de los Estados miembros, pero congruente con el común credo democrático y el compromiso institucional en defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Los Estados de la UE han ido creando a lo largo de estos años un espacio cada vez más homogéneo en la persecución y enjuiciamiento de graves delitos relacionados con el terrorismo y el crimen organizado. Como sucedía hace algún tiempo con los terroristas de ETA acogidos por algunos países de la UE, resulta aberrante y profundamente contradictorio con los principios democráticos que rigen esa comunidad de países que España ampare a delincuentes juzgados y condenados en Italia conforme a procedimientos plenamente contrastados y homologados en el ámbito europeo.