El estudiante que dijo no

José Vicente Carbonell es, desde 1994, asesor de la Universidad de Alcalá de Henares para temas vinculados a las personas con discapacidades. Una materia que conoce muy bien: él mismo tiene una discapacidad motora y expresiva por una parálisis cerebral infantil. Esta minusvalía, no le ha impedido desarrollar una fructífera carrera en la que su mayor obstáculo lo encontró en la Universidad de Valencia y precisamente al desarrollar una investigación sobre accesibilidad a las universidades. Fue entonces cuando vio cómo era apartado y su trabajo se lo apropiaba su profesor. Ahora, tras seis años de batalla por la propiedad intelectual, ha conseguido que el Tribunal Supremo le diera la razón, que reconozca la apropiación indebida y retire los derechos a la Universidad de Valencia."Para mí es una doble alegría", subraya, "porque permite a los estudiantes hacer valer sus derechos de autor individual, y porque las personas discapacitadas puedan ver en mí un aliciente para sus derechos". Sobre la indemnización de cinco millones de pesetas, comenta: "Eso es lo de menos". Para su abogado, Carlos Montouto, que le ha acompañado en estos seis años de litigio, la sentencia "establece una guía orientativa en la interpretación de la Ley de Propiedad Intelectual y la fina línea que separa las obras individuales de las colectivas, en especial en ámbitos difusos como la investigación universitaria".

Carbonell asegura haber tenido "infinidad de problemas" en la familia donde nació, aunque prefiere no hacerlos públicos. Desde los 18 años vive con su familia adoptiva. "Como he sido tan maltratado y como me han ayudado a salir adelante, opté por estudiar una carrera que me permitiera ayudar a otras personas". Se diplomó en la Escuela de Trabajadores Sociales de Valencia. Ahora estudia Derecho en Alcalá.

Respaldado por el vicerrectorado de Estudiantes de Valencia, Carbonell puso en marcha el proyecto Investigación sobre Accesibilidad a las Unervesidades en 1991 y 1992. Partía de un análisis de "todas y cada una" de las necesidades de las personas con discapacidades. A saber: las que van en silla de ruedas, ambulantes con movilidad reducida, invidentes, hipovidentes, sordas e hipoacúsicas.

"Una peculiaridad del estudio es el seguimiento de esas personas in situ, porque tú conoces el problema y puedes decir a los arquitectos las mejores soluciones". Pero la esencia del método IACU reside en que "cada discapacidad plantea problemas y soluciones específicas", puntualiza su autor. "Cuando tienes las posibles soluciones que adoptar, has de elegir la compatible para todas esas personas, de forma que al resolver un problema para la silla de ruedas no crees uno adicional al invidente, por ejemplo".

La ruptura con el profesor surgió cuando el estudiante, que había observado "faltas de rigor científico en la aplicación del método, introducción arbitraria de colaboradores y cierta opacidad presupuestaria", pidió cuentas al docente Jorge Garcés, responsable de la dirección del proyecto, de la cual el fallo judicial dice que "era ejercida en el plano teórico, para dar importancia al trabajo". La protesta se volvió contra Carbonell: fue expedientado y apartado del proyecto. El trabajo, además, fue publicado con Garcés como director y junto a otros alumnos como autores.

"Quienes hemos pasado por la universidad sabemos que esto está a la orden del día", señala Carbonell, pero este caso "no es el de un alumno frente al maestro que le ha revelado sus secretos, sino de dos compañeros de promoción, uno alumno y otro profesor".

El estudiante explica que Garcés, a la vez que profesor de Servicios Sociales en Valencia, estaba matriculado en Alicante como alumno de Trabajo Social. Carbonell plantea: "¿Cómo permitir que me pisoteara la universidad?, ¿cómo ponerme después al servicio de las personas con discapacidad si no sé defenderme?".

El proyecto IACU ha sido aplicado parcialmente por su verdadero autor en las universidades de Comillas, Barcelona, Autónoma de Madrid, Oviedo y Alcalá de Henares.