La asociación agrícola UPA denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que las petroleras pactan los precios

Reclamación a Bruselas

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, entregó ayer al titular de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, un informe con el que pretende probar la concertación de precios de los carburantes entre las petroleras que operan en España. Los responsables de las organizaciones de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes -entre ellos, UPA- declararon ayer, y lo harán otra vez hoy, ante Jiménez Villarejo como testigos en el expediente informativo abierto por la Fiscalía Anticorrupción para investigar una posible concertación de precios de los carburantes. El estudio presentado resalta "la competencia desleal" de las petroleras (Cepsa, Repsol-YPF y BP), especialmente en el caso del gasóleo B, principal carburante en la agricultura. El informe, que incluye datos de 11 provincias de Castilla y León, Galicia, Andalucía y Extremadura destaca la tendencia al alza de los precios pagados por la adquisición de gasóleo tanto por los agricultores como por las cooperativas de distribución. El análisis de UPA -efectuado con datos de seis operadoras entre enero de 1998 y julio de 2000- indica que los precios del gasóleo A y B "se aproximan a lo largo del tiempo entre las distintas compañías", y especialmente incide en que el comportamiento de precios entre Repsol y Cepsa es "idéntico".

Moraleda subrayó el notable encarecimiento del combustible agrícola o bonificado respecto al del gasóleo A o de automoción, ya que, mientras el precio del primero ha subido el 50% -hasta rondar las 60 pesetas por litro en la actualidad-, el del segundo, usado por los transportistas en carretera, se ha elevado el 17% y se sitúa en torno a las 91 pesetas. En este sentido, el responsable de UPA apostilló que "no está justificado" atribuir el aumento de los precios a la subida de las cotizaciones del petróleo y a la diferencia entre euro y dólar, porque "el gasóleo de automoción y el agrícola sólo se distinguen en el colorante".

El informe sostiene además "la competencia desleal" y "el abuso de posición dominante" cuando una pequeña empresa suministradora de combustible quiere implantarse en una zona, ya que las petroleras venden el gasóleo a un precio más barato que el que ofertan a dicha sociedad para evitar la creación de una cooperativa de servicios para agricultores.

Por su parte, la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES) ha presentado una denuncia ante la Dirección de Competencia de la Comisión Europea contra el decreto aprobado por el Gobierno que permite instalar estaciones de servicio en los hipermercados. La CEES sostiene que con esta medida el Estado otorga "ayudas encubiertas a los cinco principales grupos de distribución establecidos en España (Carrefour, Eroski, Caprabo, El Corte Inglés y Alcampo) que ascenderían a 175.000 millones de pesetas". El portavoz de la CEES, Alejandro Moratilla, explicó que estas ayudas se derivan de la modificación de la clasificación del suelo que realizarían los hipermercados para instalar las gasolineras, lo que, a su juicio, elimina todas las cargas legales para la apertura de una estación e implica la renuncia de la Administración a percibir las contraprestaciones que se derivan de la reclasificación de terrenos. Los gasolineros consideran que todos estos hechos vulneran la normativa comunitaria que prohíbe a los Estados otorgar ayudas a empresas cuando éstas repercutan sobre la competencia en un sector.

El presidente del Tribunal de la Competencia, Amadeo Petitbó, declaró ayer que la decisión del Gobierno es "perfectamente coherente con el derecho comunitario".

La CEES también ha dicho que ha renunciado a la acción de protesta que consistía en el cierre de las gasolineras el último domingo de cada mes.