Condena de siete años de cárcel a un empresario por defraudar a Hacienda

La Audiencia de Valencia ha condenado a un empresario de Valencia, Francisco Montoro Caravaca, a siete años y medio de prisión por haber defraudado al fisco casi 200 millones de pesetas. Según los magistrados, el procesado, culpable de tres delitos contra la Hacienda Púbica, no hizo la declaración de la renta entre 1990 y 1992 con un "propósito manifiestamente defraudatorio". Montoro ya fue condenado por la Audiencia, aunque el Tribunal Supremo anuló aquel juicio.

En aquella ocasión, Montoro, de 65 años, fue condenado a nueve años de prisión y al pago de 221 millones de pesetas por idéntico delito. Sin embargo, el alto tribunal atendió el recurso del entonces abogado del empresario, Javier Falomir, que consideró que la negativa de la sección primera de la Audiencia de Valencia, que no practicó las pruebas solicitadas por él en tiempo y forma, causó indefensión al procesado. El Supremo ordenó la repetición del juicio. Ahora, Montoro apenas ha visto reducida su pena. Los magistrados han vuelto a concluir que el empresario, tal como determinó la Agencia Tributaria, no presentó las declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 1990, 1991 y 1992.

Y, según el fallo, no atendió sus obligaciones con el fisco "de manera inconcebible en la mente de un empresario". Montoro, en concreto, alegó en el juicio celebrado el pasado 11 de julio que no presentó las declaraciones porque éstas eran negativas, es decir, no le obligaban a realizar ningún pago al fisco. Antes, el empresario había exculpado su omisión por "el mal estado psicológico provocado por el fallecimiento de su hijo".

El tribunal no ha atendido ninguno de los argumentos del procesado. Al contrario, el ponente de la sentencia, el magistrado Pedro Castellano, entiende que "la ocultación absoluta de todos los datos a la Hacienda Pública revela manifiestamente el propósito defraudatorio, única explicación coherente ante semejante conducta".

Por ello, condena a Montoro, en sintonía con la petición del abogado del Estado, por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública. La Audiencia considera como delitos independientes la falta de declaración en cada año, mientras que el fiscal apreciaba un delito continuado. Según el fallo, Montoro dejó de abonar al fisco 30 millones de pesetas en 1990; 45 millones en 1991 y 121 millones en 1992.

El fallo condena a Montoro al pago de una multa igual a la cantidad defrauda: algo más de 198 millones de pesetas. La condena tiene en cuenta "la conducta obstinada del encausado, dispuesto a no dar la más mínima cuenta de su gestión empresarial y la importancia económica de las sumas defraudadas, sin olvidar la indescifrable vinculación con la empresa instalada en un paraíso fiscal".

El empresario, que también tenía una sociedad en Liechtenstein, levantó un pequeño imperio durante los años ochenta gracias a Iluminación Montoro SA, una fábrica de lámparas y decorados, ubicada en Aldaia, que obtuvo cuantiosos beneficios gracias a sus ventas en varios países árabes. Una crisis posterior arrumbó el negocio.