Bruselas anula el contrato público que dio a Trasmediterránea nueve líneas marítimas

La Comisión Europea ha considerado ilegal el contrato firmado en enero de 1998 por el Estado con Trasmediterránea por el que otorgó a ésta el transporte de pasajeros por barco entre la Península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Bruselas ha decidido anular el contrato de 10 años, pero para que se puedan seguir dando esos servicios considerados de interés general ha acordado que expire el 26 de julio de 2001. Es decir, su duración será de tres años y medio. Para entonces el Estado deberá haber convocado un nuevo concurso público en el que se respeten las condiciones del libre mercado.

Tras la denuncia por la aplicación de la acción de oro en las empresas privatizadas ante el Tribunal de Luxemburgo y el expediente abierto por la Comisión por las ayudas a los astilleros públicos, el Gobierno español recibió ayer un tercer mazazo en menos de tres semanas: la Comisión considera ilegal la adjudicación a Trasmediterránea en 1998 para explotar nueve líneas marítimas que unen la península con las Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.El anterior contrato entre la empresa pública Trasmediterránea y el Gobierno español expiró al final de 1997. En diciembre de ese año, las autoridades españolas convocaron un concurso público para adjudicar durante un periodo de 10 años (a razón de seis años ampliables en dos y, luego, en otros dos) las nueve líneas de trasbordadores citadas y que fue atribuido de nuevo a Trasmediterránea.

La Comisión Europea recibió poco después una denuncia en la que se afirmaba que los suministradores de esos servicios sólo habían dispuestos de 13 días y coincidentes, además, con las fiestas de Navidad, para poder presentarse a la licitación pública. La denuncia partió de la empresa noruega Freed Olsen que quería competir en las líneas que unen la península y las Islas Canarias.

El Estado y Trasmediterránea firmaron su contrato el 20 de enero de 1998 haciendo oídos sordos a la denuncia hecha por su competidor. Fue el día 5 de marzo cuando el Ejecutivo comunitario informó al Gobierno español de que se había abierto una investigación que ahora ha tenido desenlace. En esta última fecha la Comisión Europea daba un plazo de un mes para responder a sus observaciones, que no se cumplió.

Ayudas de Estado

Bruselas entiende que ese periodo en el que produjo el concurso (en plenas fiestas de Navidad) "era inadecuado para permitir a las partes prepararse y presentar propuestas, por lo que en realidad no ha habido libre competencia". En consecuencia, el contrato ha sido recortado en casi siete años para permitir una nueva convocatoria en tiempo y forma adecuados. No obstante, no ha anulado en su totalidad el contrato porque la primera consecuencia de ello habría sido la interrupción de las nueve rutas de ferry, provocando un gran perjuicio al público usuario de estas líneas marítimas. Por eso, ha permitido que el contrato se mantenga hasta julio de 2001. Previamente, el Gobierno deberá haber convocado un concurso público con garantías plenas de competencia.Bruselas ha considerado que son también ilegales las ayudas de Estado que recibe Trasmediterránea como compensación por los servicios no rentables que presta en esas líneas y que deben ser mantenidos por su carácter de servicio público. Pero ha decidido que se mantengan (y no obligar a su devolución) con la condición de que compensen solamente los costes adicionales generados por la gestión de los servicios de interés general.

Bruselas entiende que "como la duración y eventual incidencia sobre el desarrollo del comercio ha sido reducido severamente, se puede considerar que esa compensación no ha afectado el desarrollo de los intercambios comunitarios hasta el grado de afectar al interés general de la Comunidad que estipula el artículo 86 párrafo 2 del Tratado". En este sentido, Bruselas subraya que las ayudas concedidas a Trasmediterránea deben limitarse simplemente a cubrir los sobrecostes por prestar "un servicio de transporte de interés general".

Fuentes de la empresa española señalaron ayer que acatan las decisión de Bruselas y resaltaron que la propia Comisión ha reconocido en su texto que las ayudas para "compensar los sobrecostes son adecuados y proporcionales". Estas ayudas se han cifrado en 825 millones de pesetas que se han cobrado en el año 1998, en el 1999, y que seguirán hasta el 26 de julio de 2001.La empresa recuerda que una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 11 de abril afirmaba que el "concurso se adaptó al ordenamiento jurídico español".

Trasmediterránea acaba de nombrar nuevo presidente a Miguel Ángel Villamandos, que desde diciembre de 1999 era el consejero delegado impuesto por Patrimonio, que controla la mayoría del capital. En diciembre de 1999, Patrimonio perdió la confianza del presidente, José María Trías de Bes, político del PP que fue nombrado presidente por José María Aznar en 1997.