La ley de ordenación sanitaria abre las puertas a las nuevas fórmulas de gestión privadas

El borrador de la ley de ordenación sanitaria que el PP ultima abre las puertas a las fundaciones, consorcios, sociedades estatales o fundaciones públicas para que protagonicen el modelo sanitario que pretende implantar el Consell. Pero también permite que aseguradoras sanitarias se hagan cargo de la asistencia primaria o especializada de un área de salud o la externalización de servicios hospitalarios. La oposición criticó ayer los planes del Gobierno valenciano, tachó la medida de "contrarreforma" sanitaria y acusó a los populares de facilitar la privatización del sector.

Aseguradoras privadas

La propuesta de ley de ordenación sanitaria abre el camino para alterar el modelo definido en la Ley General de Sanidad basado en la titularidad y prestación pública de los servicios sanitarios. No desciende al detalle, pero las ideas que salpican la exposición de motivos sobre la promoción de la autonomía en la gestión, la competencia entre centros, la introducción de los principios de la ley de mercado o el derecho a la protección de la salud "ponderado a la recepción de las prestaciones en función del estado de salud" abre las puertas a distintos modelos sin decantarse por ninguno aunque apuntando siempre hacia "la necesidad de un cambio de naturaleza jurídica del proveedor de servicios sanitarios" para permitir aplicar "las ventajas de los entes públicos de derecho privado".Entre las fórmulas de gestión privada de los hospitales se encuentran las fundaciones, los consorcios, las entidades públicas empresariales, las sociedades estatales y las fundaciones públicas sanitarias. Este último modelo sería el que menos problemas plantearía al aplicarse en hospitales de la Comunidad. Se trata de empresas sin ánimo de lucro en las que cabe la coexistencia de personal estatutario -similar a los funcionarios pero en el ámbito sanitario- y laboral. El objetivo que persigue el Consell es agilizar el funcionamiento de los centros al aumentar su autonomía. Pero estas nuevas atribuciones dan a los centros la posibilidad de endeudarse y de enajenar el patrimonio que creen a partir de su constitución, de acuerdo con la legislación existente en el territorio Insalud.

El borrador de la ley de ordenación, cuyos aspectos más destacados dió a conocer ayer este diario, puede ir más lejos, según Álvaro Bonet, presidente de la Asociación Ciudadana para la Defensa de la Salud. Bonet destacó que abre la posibilidad de que empresas de seguros médicos puedan correr con la asistencia sanitaria no sólo de asistencia especializada -como ocurre en el hospital de Alzira-, sino también de la primaria. Otro de los aspectos que permite el texto legal es la externalización de servicios sanitarios. El presidente de la organización puso el ejemplo de hospitales que podrían encargarles determinados servicios a empresas privadas, como las labores de laboratorio -análisis de sangre o de orina- o incluso ceder a empresas prácticas que se encuentran enmarcadas actualmente en servicios, como sacar del área de cardiología las exploraciones hemodinámicas -pruebas que se practican a pacientes de corazón.Además de la constitución de la Agencia Valenciana de Salud como organismo autónomo que gestionará la asistencia sanitaria o detallar que la prestación y gestión de los servicios se podrá efectuar "con medios propios o ajenos, públicos o privados", entra en aspectos como la financiación de la agencia. El artículo 38 detalla que la financiación, además de los recursos que le asignen los presupuestos de la Generalitat, provendrá de las aportaciones "que deban realizar las corporaciones locales", y las donaciones, subvenciones y aportaciones que hagan entidades o particulares.

La oposición criticó ayer las medidas que pretende llevar adelante el Consell. La diputada socialista María José Mendoza señaló que el texto es "una clara apuesta por el modelo privado" y supondrá "una verdadera contrarreforma". Mendoza advirtió de que si se lleva adelante el proyecto del PP "se pondrán en peligro los principios básicos del modelo sanitario y se consolidará un sistema dual: uno para ricos y otro para pobres".

Ángela Llinares, diputada de Esquerra Unida, habló del "gran deterioro de la sanidad pública" que provocarán estas medidas, que comparó con las que impulsó el gobierno conservador presidido por Margaret Thatcher en el Reino Unido en los ochenta. El PP está "desmontando poco a poco los servicios públicos", señaló el responsable de sanidad de UGT, Miguel Usó, respecto al significado de la ley. Usó abogó por la gestión y los servicios públicos y reservó a la sanidad privada un lugar subsidiario.