El Gobierno rectifica y envía el proyecto de la Ley de Extranjería al Poder Judicial

El Gobierno rectificó ayer y envió el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley, el órgano de gobierno de los jueces recordó al presidente del Gobierno, José María Aznar, la necesidad legal de realizar un informe preceptivo, aunque no vinculante, antes de su envío al Congreso. El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, admitió que "no consideraron necesario enviarlo". Ahora, el Consejo de Ministros deberá aprobar el texto de nuevo.

Fue ayer mismo y con carácter de urgencia cuando la Secretaría de Estado para la Inmigración remitió el anteproyecto de la nueva ley de extranjería al CGPJ. Así lo anunció el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, tras mantener una reunión con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sobre el Plan Global de Política Migratoria.Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces debe realizar un informe de los anteproyectos de leyes y disposiciones generales relativos a normas que afecten a la tutela judicial de derechos fundamentales de los ciudadanos, exactamente, "a aspectos jurídico-constitucionales".

En este caso el Gobierno "no lo consideró necesario". Tampoco ha pensado en la necesidad de solicitar un dictamen al Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Ejecutivo. Pero ahora, a requerimiento del CGPJ, según el acuerdo unánime tomado en su sesión plenaria del pasado 12 de julio, el Gobierno se ve obligado a retroceder en la tramitación de la futura ley, que tendrá que volver a ser aprobada en Consejo de Ministros después de que el órgano de gobierno de los jueces remita su informe.

No obstante, Fernández Miranda insistió ayer en que el Ejecutivo pretende que el proyecto de ley llegue a las Cortes en cuanto comience el nuevo periodo de sesiones, es decir, en la segunda semana de septiembre y antes de que comience el debate de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como estaba previsto. "En principio, haber solicitado el informe al CGPJ no interfiere en la agenda prevista del Gobierno", afirmó el responsable de inmigración.

El procedimiento de urgencia mediante el que ha sido solicitado el dictamen preceptivo implica que el CGPJ tiene un plazo de 15 días para emitir el informe. "Estamos dispuestos a oir, escuchar y leer atentamente lo que el CGPJ tenga que decir", afirmó Fernández Miranda, quien advirtió que no corresponde a ese órgano marcar rasgos de inconstitucionalidad.

"Inconstitucionalidad"

Las dudas sobre la posible inconstitucionalidad de la nueva normativa que manifestaron partidos políticos, organizaciones sociales y asociaciones de jueces tras la presentación del borrador de la ley, y la omisión del Gobierno al no enviar el anteproyecto al CGPJ, han puesto en entredicho la voluntad de diálogo y consenso del Ejecutivo. Desde el órgano de gobierno de los jueces incluso se insinuaba la semana pasada que el Gobierno no había solicitado el informe porque sabía que sería muy crítico, dada la dudosa constitucionalidad del proyecto. La supresión de la tutela judicial en las fronteras, no exigir motivación para la denegación de visados y establecer regímenes especiales de ejecución de expulsiones, son algunos de los aspectos que suscitaron las dudas sobre su constitucionalidad.En este sentido, Fernández Miranda se quejó de que las críticas y valoraciones que han recibido de los distintos colectivos sociales en relación al proyecto de la Ley de Extranjería "son muy globales". El delegado del Gobierno consideró que tales informes son poco útiles a la hora de incluir modificaciones.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, confirmó que había recibido varias solicitudes de fuerzas políticas y organizaciones sociales para analizar el cumplimiento que el Gobierno está haciendo de la normativa vigente, relacionado con las últimas devoluciones de inmigrantes, como los que fueron encontrados hacinados en un furgón en Mijas (Málaga).

Múgica, que evitó hacer valoraciones sobre la reforma de la Ley de Extranjería, afirmó estar estudiando la normativa, aunque advirtió que el defensor no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, "si la hubiera", ante el Tribunal Constitucional hasta que no se apruebe definitivamente la Ley.