La asociación europea de gasolineros convoca un cierre patronal para después del verano

La Asociación Europea de Empresarios de Estaciones de Servicio (Erprass) acordó ayer realizar un cierre patronal en Europa después del verano para exigir a Bruselas una directiva que regule el uso de tarjetas de crédito en estaciones de servicio. La Erprass señala que el pago de carburantes con tarjeta "perjudica al consumidor y al propietario de gasolineras". La asociación también aprovechará el cierre para protestar contra la falta de competencia en el sector de los carburantes, pero esta reivindicación, al contrario de lo esperado por los consumidores, no será la razón principal.

Fin de la exclusividad

La Erprass reúne a las asociaciones de gasolineros de 11 países europeos (España, Italia, Portugal, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda) y aglutina a una 120.000 estaciones de servicio. Es una asociación lo suficientemente fuerte para provocar un grave trastorno a las compañías petroleras, los Gobiernos y los consumidores en el caso de que concrete su cierre patronal previsto para el otoño.El presidente de Erprass es el español Roberto Sáenz, quien también encabeza la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES). Sáenz ha criticado en reiteradas ocasiones la falta de competencia del sector de los carburantes en España. Ha denunciado la posición dominante de las petroleras Repsol, Cepsa y BP, los abusos de los contratos de exclusividad de abanderamiento y la falta de libre acceso a la distribución al por mayor y menor de los combustibles. La CEES había anunciado una protesta que consistía en el cierre de las gasolineras el último domingo de cada mes para protestar contra la falta de competencia del sector. La medida, que según Saénz no se ha llevado a cabo porque "no ha sido autorizada por el Gobierno", buscaba la defensa de los intereses de los gasolineros y de los consumidores.

Sin embargo, la principal razón por la cual la Erprass convoca ahora el cierre patronal poco tiene que ver con su lucha por la falta de competencia. La movilización tiene como objetivo exigir a la UE la elaboración de una directiva que regule el uso de las tarjetas de crédito en estaciones de servicio. Las tarjetas son "costosas para el consumidor y para los propietarios de estaciones de servicio", declaró Sáenz. "La comisión de las entidades financieras se sitúa entre un 0,8% y un 1%, lo que no sería grave si se descontase de las siete pesetas por litro que la gasolinera obtiene como margen comercial. Sin embargo, esta comisión se descuenta del precio de venta al público, lo que representa "un costo enorme y una reducción de los ingresos comerciales", añadió. La convocatoria también es en respaldo al cierre de gasolineras en Italia el próximo 19 de julio, cuyo fin también es el oponerse al uso de tarjetas de crédito.

Según Sáenz, el cierre se aprovechará para protestar por otros problemas del sector, compartidos por los países europeos, como los acuerdos de las petroleras para pactar precios. La Erprass solicita a Bruselas la desaparición de los contratos de suministro en exclusiva en un plazo de 20 años mediante la liberalización, cada quinquenio, de un 20% de dicha exclusividad. Sáenz si las autoridades permitiesen a los empresarios del sector negociar los precios de compra de los combustibles, esto facilitaría la bajada de precios al público. Para la asociación, las medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno español han sido "fuertes con los débiles y débiles con los fuertes". La CEES cree que la apertura de gasolineras en las grandes superficies es un error. Sáenz dijo que una medida similar en Francia supuso el cierre de cientos de gasolineras y el desabastecimiento de algunas zonas. Añadió que cuando acabaron con la competencia, los hipermercados subieron los precios.

El director general de la Competencia de la Comisión Europea, Angel Tradaceta, presente en la reunión de los gasolineros, abogó porque sean los Estados los que investiguen los pactos de precios. Destacó el caso de Italia y Suecia, país que demandó por 14.711 millones de pesetas a cinco petroleras por pactar precios.