El proceso de fusión de Bancaixa y la CAM se decidirá antes de que acabe el mes de julio

El proceso de fusión de Bancaixa y la CAM ha pasado de maduro a podrido, ironizaba ayer uno de sus consejeros. Ésa es la sensación también de la Generalitat, que hace responsable al director general de la CAM, Juan Antonio Gisbert, del perpetuo retraso que sufre el proceso. El directivo condiciona su apoyo a la operación a que la sede social de la futura caja esté en Alicante y a que sea él quien ocupe la dirección general. Cansada de constantes dilaciones, la Generalitat ha solicitado a las dos cajas de ahorros que se pronuncien sobre la operación antes de agosto e insiste en que no hay nada decidido.

Decididos a abordar el proceso sin más dilaciones, el consejero de Economía, Vicente Rambla, pidió hace dos meses un avance de los estudios encargados por las cajas sobre su fusión. Su propósito era acelerar el debate. El Consell recibió hace unos días informes parciales de las dos entidades, que ahora deberán contrastarse. Los consejos de administración desconocen la existencia de estos borradores, aunque fuentes del Consell confirmaron a este periódico que unas pocas personas, presidentes y directores generales, habían tenido acceso a informes parciales.A pesar del reducido número de personas que conocen su contenido, sí ha trascendido que ambos estudios serían coincidentes en su filosofía, aunque con salvedades. Así el elaborado por Boston Consulting para la CAM subrayaría las consecuencias negativas de la fusión, mientras el de Arthur Andersen, realizado a instancias de Bancaixa, apostaría por la fusión. Estas filtraciones han provocado, una vez más, una ola de especulaciones acerca de una fusión inminente, a la que, según fuentes de la Generalitat, políticas y del sector de las cajas, el director general de la CAM, y detrás de él otros estamentos de la caja alicantina, se opone. José Antonio Gisbert, al que se atribuye el control de un 30% de la asamblea de la CAM, exige a cambio de su apoyo que la sede social de la caja única esté en Alicante, la elección del nombre y el puesto de director general.

"Gisbert piensa que tiene poder absoluto en la CAM", declararon ayer a este diario fuentes de Presidencia de la Generalitat. En los últimos dos meses se han pronunciado en contra de la fusión el Gobierno y diversas instituciones de Murcia, comunidad gobernada por el PP, donde la CAM tiene una importante cuota de mercado. También han manifestado públicamente su rechazo otros sindicatos de la caja de ahorros alicantina.

Los pronunciamientos contra la fusión desde Alicante han arreciado desde que la Generalitat ha agilizado el proceso de toma de decisión, que se espera esté cerrado antes de que acabe julio. Y detrás de todo se intuye la sombra de Gisbert. "Cree que si hay fusión, él pierde porque dejará de ser dueño del cortijo", continuaron las mismas fuentes de Presidencia. "Ha rebosado el vaso", concluyeron.

En la sede de Bancaixa se guarda silencio, pero existe un malestar creciente por el desgaste público que este proceso entraña para la caja de ahorros. En la caja de Valencia, la Generalitat dispondría de los dos tercios necesarios para iniciar el proceso. En Bancaixa, primera entidad valenciana, se había aceptado desde hacía tiempo que la sede social estaría en Alicante, pero la operativa, es decir, la dirección general, se quedaría en Valencia.

El director general y el presidente de la CAM, Juan Antonio Gisbert y Vicente Sala respectivamente, se vieron ayer forzados a intervenir ante el Consejo de Administración de la entidad financiera para explicar en qué situación se encuentra la redacción del plan estratégico encargado a la firma Boston Consulting para los próximos cinco años, incluido un estudio sobre la posible fusión con Bancaixa. En repetidas ocasiones Sala, y especialmente Gisbert, señalaron a sus consejeros que el informe concluyente no estará ultimado hasta final de año, y negaron la existencia de preinformes o estudios previos que desaconsejaban la operación, responsabilizando de su filtración a quienes "sacan de contexto" las informaciones. Sin embargo, desde el Consell ayer se insistió en que sí existían informes parciales y que éstos eran conocidos por pocas personas.

Entre pasillos, se confirmó que son muy pocas las personas que disponen de información veraz. Si los consejeros designados por el PSPV exigían explicaciones, los del PP confesaron en círculos reducidos que no habían tenido acceso a ese avance del informe, y estaban tan desorientados como el resto. Todos coincidían en que, de confirmarse su existencia, Gisbert y Sala estarían hurtando información al máximo órgano directivo de la entidad.

Intuyendo, quizás, ese pensamiento, el director general anunció que el próximo Consejo de Administración se celebrará en septiembre, tras el paréntesis veraniego, y que no habrá convocatorias hasta entonces. Esa fecha no coincide con los planes del Consell de iniciar el proceso antes de agosto, en cuyo caso se tendrían que convocar reuniones extraordinarias de los consejos de CAM y Bancaixa. Llegados a ese extremo, algunos consejeros de la primera anunciaron ayer que no aceptarían un cambio tan apresurado y exigirían la dimisión de Gisbert, "porque eso significará una confirmación de que nos está engañando, que efectivamente dispone de informes y que se atrinchera en la independencia de la entidad para garantizarse su supervivencia".

En ese mismo Consejo se dieron a conocer los resultados obtenidos por la CAM en el primer semestre del año, con un 16,97% de incremento del negocio con respecto al mismo periodo del año pasado. En pesetas, eso se traduce en unos beneficios de 16.173 millones antes de impuestos.