Suspendidos dos apartados de la Ley de Cajas andaluza que afectan a la Iglesia

El Tribunal Constitucional levantó ayer la suspensión de tres apartados de la Ley de Cajas andaluza y mantuvo en suspenso dos. El Ejecutivo recurrió el 26 de enero cinco epígrafes sobre las incompatibilidades para formar parte de los órganos de gobierno y los límites temporales de los mandatos para las entidades fundadas por la Iglesia católica. Los únicos dos aspectos que quedan en suspenso son los que el Constitucional estima que "suponen para la Iglesia católica una pérdida de la posición relevante de la que goza actualmente".

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la parte controvertida del artículo 44 porque considera que los hipotéticos perjuicios que podría causar la aplicación de esa norma, referente a las incompatibilidades para ocupar un puesto en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, "no tienen en este caso relieve suficiente para prevalecer sobre el interés general vinculado a la presunción de legitimidad de la Ley autonómica".El otro precepto discutido, la disposición adicional primera, se refiere a la composición de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro andaluzas cuya entidad fundadora sea la Iglesia católica (un caso que sólo afecta a CajaSur en Andalucía). Su aplicación reduciría la representación religiosa en los órganos de gobierno de la caja cordobesa.

El abogado del Estado defendió la suspensión de la mencionada disposición adicional porque, de aplicarse, generaría "perjuicios" en el patrimonio de la entidad fundadora, la particular personalidad de la propia caja en el sistema financiero y los beneficiarios de la obra social.

El Tribunal, sobre los supuestos perjuicios que la disposición provocaría a CajaSur, concluye que "no pueden acogerse" los argumentos relativos a que la norma afecta "a la entidad, al propio sistema financiero, a los clientes y depósitos y al interés general que se protege con la obra social de las cajas". El TC considera que "las lesiones patrimoniales" son "meramente hipotéticas" porque no se aportan datos concretos que justifiquen que las futuras decisiones de gestión vayan a perjudicar sus intereses económicos.

Otro de los argumentos del abogado del Estado se refería a los perjuicios "irreparables" que, de aplicarse la norma, sufriría el interés público al poder afectar al acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede.

A este respecto, el Tribunal Constitucional afirma que "tampoco puede aceptarse" la existencia de esos perjuicios, pues del Concordato de 1976 no puede deducirse "que los beneficios fiscales o aportaciones presupuestarias destinadas a la Iglesia" vayan a verse disminuidas como consecuencia de la aplicación de la ley.

El Tribunal Constitucional sí acoge, y por ello mantiene la suspensión de la disposición adicional primera, el argumento de que su aplicación "supone para la Iglesia católica una pérdida de la posición relevante de que goza actualmente en los órganos de gobierno y, por tanto, en la toma de decisiones de tanta trascendencia como las de aprobar la fusión, disolución y liquidación de la caja, así como la escisión o cesión global del activo y del pasivo o aprobar y modificar los estatutos y reglamentos de la entidad". El Tribunal Constitucional llega así a la decisión de mantener la suspensión, remitiéndose a la resolución de un supuesto similar de 1991.

La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, afirmó ayer que la decisión del Constitucional era "una buena noticia". Álvarez no quiso entrar en detalle hasta disponer del informe que va a encargar "de inmediato" a los servicios jurídicos de la Junta, pero recordó que había 122 artículos de la ley que no estaban recurridos y que no había dudas sobre la aplicación de la norma ni sobre la estabilidad jurídica. "La suspensión no tiene mayor incidencia en la aplicación de la ley, excepto en el caso de CajaSur", afirmó. Mientras dure la suspensión, se aplicará la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro.

El presidente del Tribunal Constitucional, Tomás Cruz Villalón, se excusó ayer ante el presidente de la Junta, Manuel Chaves, por las filtraciones sesgadas del auto a medios de comunicación.