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El 90% de las farmacias secunda el cierre contra el recorte de beneficios impuesto por decreto

En 42 provincias las boticas cerraron todo el día, pero los servicios mínimos fueron suficientes

El 90% de las farmacias de España (17.500 de 19.439) secundó ayer el cierre convocado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos contra el recorte de beneficios decretado por el Gobierno. En 42 provincias las boticas mantuvieron las persianas bajadas todo el día, y en otras nueve, entre dos horas y cuatro. El cumplimiento de los servicios mínimos limitó las protestas de los usuarios. Los farmacéuticos aprovecharon la jornada para criticar que el Ejecutivo tomara "de forma unilateral" unas medidas que les acarrearán pérdidas de 40.000 millones. El Gobierno calificó de "exagerado" el cierre.

Los paros fueron de entre dos y cuatro horas en Baleares, Albacete, Santander, Galicia, Vizcaya, Guipúzcoa y Logroño. En cambio, la protesta no se siguió en Álava, Guadalajara y Soria. Esta última provincia, al igual que los municipios de Viladecans y Ripollet (Barcelona), pospuso el paro como medida de apoyo a los familiares de las 28 personas que murieron en el accidente de Golmayo el pasado jueves. Soria cerrará sus farmacias el día 20. En España, incluidas las tres provincias que no registraron cierres, permanecieron abiertas 3.500 boticas, lo que supuso una farmacia por cada 10.800 habitantes (muchas apoyaron la protesta pero no bajaron persiana para cumplir el servicio mínimo).

En Andalucía se sumaron a la huelga algunos diputados del PP que poseen farmacias. Este fue el caso del presidente provincial del PP en Granada, Juan de Dios Martínez Soriano, y el de su esposa, que poseen una farmacia cada uno; el del diputado por esta misma provincia Eugenio Castillo, y el del parlamentario andaluz por Sevilla, Guillermo García-Trenado.

El presidente del Consejo General de Colegios, Pedro Capilla, reiteró ayer que el cierre de las boticas se debió "a la total imposición" por parte del Gobierno del decreto que recorta sus beneficios (ver gráfico) y rechazó que obedeciese a reivindicaciones económicas. "¿Alguna vez hemos hecho algo contra una medida económica? ¿Nos hemos opuesto a alguna bajada en el precio de los medicamentos?", se preguntó Capilla.

Los farmacéuticos también pidieron que se anule la devolución a las arcas públicas de una parte de los beneficios mensuales que obtengan con las recetas. El porcentaje oscila entre el 7% y el 13%. Capilla consideró que el Gobierno "ha metido la pata", porque incluye el IVA en sus cómputos. Por eso, han recurrido al Tribunal Constitucional. "Apostamos por un modelo de servicio y no de beneficios, como el que quieren imponer", añadió Capilla, quien también se mostró crítico con el beneficio fijo (5.580 pesetas) impuesto en los medicamentos que cuesten más de 20.000 pesetas (hasta ahora tenían 27,9%).

El cierre de los farmacéuticos causó diversas reacciones de partidos políticos y consumidores:

- Gobierno. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, mostró su respeto hacia la jornada de protesta, pero consideró que sus razones eran "equivocadas", ya que el decreto pretende favorecer a los consumidores. El director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Federico Plaza, calificó de "desproporcionado y exagerado" el cierre, ya que el decreto "está en sintonía con la situación de otros países europeos". "Esta medida no cambiará la postura del Gobierno, porque el decreto ya está aprobado y tiene un calendario de aplicación", concluyó Plaza.

- PSOE. El PSOE denunció que Sanidad, "carece de una política racional de medicamentos" y que el decreto se aprobó para seguir con "la política de austeridad" de Economía. Pidió un plan para el uso racional de los medicamentos donde intervengan todos los sectores implicados.

- IU. La portavoz de IU de Sanidad en el Congreso, Marisa Castro, calificó de "poco elegante" la aprobación del decreto, porque no obtuvo el consenso del sector. En su opinión, el Gobierno debería afrontar la contención del gasto en medicamentos a partir de los beneficios y del presupuesto que las compañías farmacéuticas dedican a promoción. También apostó por potenciar el uso de los medicamentos genéricos, cuyo precio es menor a los originales con marca.

- CC OO. Esta central calificó de "prohibido" el cierre patronal de las farmacias. Acusó a los farmacéuticos de querer mantener "su monopolio" para oponerse a unas medidas que limitan las ventajas del sector.

- Consumidores. Las asociaciones de consumidores consideraron positivo el refuerzo de los servicios mínimos y criticaron que las medidas de recorte en los márgenes comerciales se impongan por decreto y no por consenso. Rafael Urrialde, portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), señaló que el Gobierno "debería tener en cuenta a los médicos ya que son ellos los que firman las recetas". Urrialde concluyó diciendo que "están convirtiendo a los medicamentos en productos de consumo". José María Mújica, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), declaró que el cierre del sector farmacéutico es "difícilmente justificable porque los más perjudicados son los ciudadanos, que no pueden hacer nada al respecto". Antonio López, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), declaró que el Gobierno debe negociar con los sectores y "no aplicar el rodillo". La Organización de Consumidores y Usuarios de Catalunya (OCUC) tachó de "desproporcionado" el cierre de ayer ya que estas medidas "son positivas para los consumidores", porque introducen el uso de genéricos, más competencia y reducen el gasto farmacéutico, informa Patricia Pereda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de julio de 2000