Bruselas considera ilegal que las obras de Artea careciesen de declaración de impacto ambiental

La Comisión Europea mantiene abierto otro procedimiento de infracción contra España por la construcción del centro comercial Artea, en Leioa, por la falta de la declaración de impacto ambiental. Las autoridades comunitarias están a la espera de la respuesta del Gobierno central (en este caso, el vasco), pero consideran que se ha violado el derecho de la UE al levantar el centro comercial sobre un antiguo vertedero contaminado. Es el segundo proceso de infracción por obras en Euskadi, tras el abierto recientemente por el depósito de lindane en el aeropuerto de Sondika.

Sin separación

Bruselas envió el pasado 21 de marzo a España la llamada carta de emplazamiento, el primer trámite que se realiza al abrirse un procedimiento de infracción por incumplimiento de las leyes comunitarias. La Comisión observó una violación del derecho en la construcción del centro Artea, abierto hace más de dos años y el mayor de la cornisa cantábrica, sobre el antiguo vertedero de Zuazo. "Se habló de la restauración de un vertedero, pero al final se trata de crear, sobre una zona contaminada, dos vertederos y un gran centro comercial", explicaron a EL PAÍS fuentes comunitarias.La Dirección de Medio Ambiente, que ha tramitado el expediente tras una queja planteada por HB hace dos años, entiende que las obras realizadas necesitan de una declaración de impacto ambiental y no basta con una auditoría ambiental, que es lo que se realizó. En su investigación, Bruselas ha contado con un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, elaborado en marzo de 1998, que concluía que el suelo donde se ubica Artea "no ha sido totalmente descontaminado" y constataba la existencia de "altas dosis de HCH (residuos de lindane) y arsénico".

"Hay HCH donde no cabía esperarse. Hay grandes cantidades de arsénico en acuíferos superficiales y charcas ajenas al vertedero y alejadas. La flora y la fauna del entorno están en peligro", añadía. Censuraba la falta de la evaluación de impacto ambiental (EIA). "Su confección debió ser previa a la autorización de las obras. No se hizo. La EIA se sustituyó por una auditoría ambiental", apuntaba además el texto.

El informe de la Guardia Civil criticaba el proceso de recuperación del vertedero, que supuso la habilitación de un depósito con residuos industriales y otro con sólidos urbanos. "No se separaron los materiales tóxicos y peligrosos de los que no lo eran. Por eso, el Seprona denomina a la celda de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) depósito incontrolado, teniendo en cuenta además que hay gases inflamables". Junto a ello, hablaba de la carencia de un Plan de Seguridad en caso de emergencia y la existencia de riesgo de contaminación para la salud humana. "La caracterización y evaluación de riesgos pudo llevarse a cabo en la fase previa, pero no se hizo. Las poblaciones y el medio ambiente cercanos han quedado expuestos a unos riesgos no cuantificados".Junto a este informe, HB presentó en Bruselas otra muestra analítica sobre la salida de agua al río Gobelas, situado en las inmediaciones, e información cartográfica sobre la ubicación del basurero. El equipo jurídico de la coalición abertzale se congratuló ayer de la apertura del proceso. "Aunque tarde, ya es hora, porque es un caso clarísimo. Estamos hablando de una situación de riesgo para la salud que no se puede tolerar", dijeron. En cualquier caso, anunciaron que si se llega "a la legalización de una situación ilegal" recurrirán hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El Departamento de Medio Ambiente, con el que este diario intentó contactar ayer sin éxito, ha defendido hasta ahora su actuación. Poco después de conocerse el informe del Seprona, el entonces y actual director de Calidad Ambiental, Tomás Epalza, dijo que la zona estaba "completamente descontaminada", pero que ordenaría "cuanto antes" un nuevo estudio medioambiental.

El procedimiento de infracción por la construcción de Artea está pendiente de la respuesta de las autoridades españolas (las vascas en este caso). La carta de emplazamiento establecía un plazo de dos meses, pero España pidió una prórroga, que fue concedida, y la respuesta en la Dirección de Medio Ambiente de la CE se tiene que producir de manera inminente, según las fuentes consultadas.

El siguiente paso, si sigue el proceso, es el envío por parte de Bruselas de un dictamen motivado, donde se exponen de manera definitiva las razones de violación del derecho comunitario y se da un plazo, generalmente de dos meses, para ajustarse a la ley. El asunto podría terminal en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y, en la peor de las situaciones, acabar con una multa económica.

Además de esta queja, un juzgado de Getxo investiga desde 1998 la comisión de un delito ecológico en las obras del centro comercial. Artea, con una superficie de 70.000 metros cuadrados, alberga un hipermercado de Eroski y 110 locales comerciales. Supuso una inversión de 19.000 millones y cuenta con 7,5 millones de clientes anuales. La asociación de centros comerciales le acaba de premiar como la mejor instalación española.