La cúpula de Bankpyme se sentará en el banquillo acusada de delito fiscal

La Audiencia de Barcelona ha señalado para el próximo 15 de noviembre el inicio de las sesiones del juicio contra la cúpula del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), acusada de "cooperación necesaria" en la comisión de un presunto delito fiscal cometido al comercializar dos fondos de inversión a finales de los años ochenta que permitieron a varios clientes no declarar más de 2.000 millones de pesetas al fisco.El señalamiento acordado por la Sección Segunda de lo Penal, que prevé finalizar el juicio el 20 de diciembre, es el primero de este tipo que sienta en el banquillo a la cúpula de un banco acusada de cooperación necesaria a un presunto delito contra la Hacienda pública. El banco ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que aplace el juicio porque afirma que el Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo sobre el caso.

En sus conclusiones provisionales, la fiscalía pide ocho penas de un año de prisión por otros tantos delitos fiscales para Josep Jané Solà, el presidente ejecutivo de Bankpyme; Josep María Fabregat, vicepresidente de la entidad, y Alberto Rivillo, apoderado de una filial del banco. Igual pena se solicita para Francisco Busquets, otro vicepresidente del banco, a quien se le imputa, además, otro delito fiscal como autor material, porque era titular de una de las cuenta no declaradas con 242 millones de pesetas.

El fiscal acusa, además, a nueve clientes titulares de fondos de inversión, para los que reclama sendas penas de un año de cárcel como autores directos de un delito fiscal.

Los fondos de inversión Multivalor y Multidinero se crearon en 1986 y 1987, y en el plazo de tres años se nutrieron de 62.000 millones de pesetas depositados por un total de 12.185 clientes de la entidad, según el fiscal. El caso se destapó en diciembre de 1993, cuando dos empleados que habían sido despedidos se querellaron contra el banco.

Tras la práctica de numerosas pruebas, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, imputó en su día a 80 personas, pero la demora en la notificación judicial hizo que la mayoría saldasen sus deudas con Hacienda, que en plazo de una semana ingresó 7.500 millones en regularizaciones voluntarias. De esta manera, los inversores evitaron su implicación por la vía penal.