Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los populares piden que el Parlamento investigue el proyecto de Punta Umbría

El PP de Andalucía va a solicitar la creación de una comisión en el Parlamento autonómico que investigue el polémico proyecto turístico de Punta Umbría (Huelva), cuyo Ayuntamiento, que gobierna el PSOE, pretende construir 13 hoteles, un campo de golf y una zona residencial de lujo sobre 168 hectáreas de terreno que, según la ley forestal, son de especial protección. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, mostró ayer su temor a que detrás del plan urbanístico se pueda destapar "un nuevo escándalo político del PSOE", y solicitó el apoyo de la Junta "para que no ponga trabas a la investigación". Además, acusó al presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de "permanecer de brazos cruzados mientras existen acciones que atentan contra la legalidad vigente".

El proyecto, con una inversión de 53.000 millones de pesetas, fue adjudicado por el ayuntamiento a la empresa Punta Umbría Turística SL, después de que el pleno municipal solicitara una modificación de la calificación de los terrenos, el pasado 24 de septiembre de 1999, y aprobara posteriormente el pliego de condiciones.

Las pretensiones del Ayuntamiento han provocado desde febrero una discusión entre los responsables de diversas delegaciones de la Junta en Huelva sobre la idoneidad del proyecto. Desde Medio Ambiente se remitieron al menos dos cartas al delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Juan Ceada, en la que se le advierte sobre las características de los terrenos afectados y la imposibilidad de su descatalogación.

A pesar de las advertencias de los técnicos, la Junta, de momento, sólo ha expresado la necesidad de que se modifique sustancialmente el proyecto, sin especificar en qué medida, y defiende insistentemente, a través de los consejerías afectadas, que no se hará nada en Punta Umbría sin un respeto estricto de la ley.

Mientras, el Ayuntamiento de Punta Umbría mantiene su intención de recurrir la resolución de la delegación de Medio Ambiente que rechaza la descatalogación de las 168 hectáreas. El alcalde, el socialista José Hernández Albarracín, defendió la "legalidad" del proyecto y retó al PP a que "lleve este asunto a los tribunales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de julio de 2000