Un experto dice que los objetivos públicos no se miden en dinero
Control
Arie Halachmi (Jerusalén, 1944), profesor de la Universidad de Tenesse (Estados Unidos) y consultor de la ONU sobre productividad del sector público, abogó ayer por ejercer un control exhaustivo de las políticas y programas de la administración para evaluar su utilidad social y lograr así una mayor racionalización presupuestaria. "Los objetivos del sector privado", dijo ayer, "se miden por la cuenta de resultados; los de lo público, no; hay que ir más allá y juzgar todo el proceso". Halachmi, miembro del Instituto Internacional de Ciencias de la Administración, intervino en el seminario Evaluación de las políticas públicas, organizado por los Cursos de Verano de la UPV y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Se apoyó en ejemplos que conoce de cerca para sostener su tesis sobre la necesidad de control. En Estados Unidos, donde la General Accounting Office, fiscaliza la actividad del Gobierno, se instauró en los años 60 un programa de ayuda a las madres solteras. Quienes tenían un solo hijo podían compartir piso con otras mujeres en su misma situación; si tenían más, podían acceder a viviendas en solitario. "Esto se convirtió en una forma de vida, la gente se acomodó y el programa ya no cumplía el objetivo con el que nació. Existen iniciativas que hay que revisar con el tiempo", dijo.
Actuaciones como ésta son sometidas a un riguroso control de órganos externos a la Administración en países como Estados Unidos, los Países Bajos o el Reino Unido, que publican expeditivos informes sobre el uso de los fondos públicos y originan importantes y debates sobre la financiación de determinados programas. ¿Hasta qué punto surge este control como respuesta para competir con el sector privado? "Estas medidas no garantizan necesariamente la competitividad. Por ejemplo, por más que exista un hospital público y otro privado, la persona que no dispone de medios económicos no tiene realmente elección", indica. Frente a ello, en EE UU se trata de "introducir la competencia entre agencias públicas que proporcionan servicios de apoyo". Existe desde 1993 una Ley de Resultados y Rendimientos y todas las agencias deben presentar junto con la propuesta del presupuesto un plan estratégico y, a final de año, entregar un informe con lo logrado.
