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El 20% de los colegios concertados no reservó plaza a alumnos de minorías

Vicente G. Olaya

Auténtica vergüenza

Un 20% de los colegios privados subvencionados con dinero público por la Comunidad de Madrid (32 de los 167 centros concertados existentes) no han reservado para el próximo curso escolar plazas para los llamados alumnos de educación especial compensatoria (inmigrantes con retraso escolar, pertenecientes a capas sociales desfavorecidas o con discapacidades físicas o psíquicas), según reconoció ayer el consejero de Educación, Gustavo Villapalos. Estos centros han obviado la obligatoria inscripción de estos estudiantes a pesar de que la Consejería de Educación había dado órdenes expresas (Instrucciones de Admisión para el curso 2000-2001) para que todos los centros que reciben ayudas públicas -tanto concertados como públicos- reservasen plaza para dos alumnos de integración por cada aula de 25 chavales.Emilio Díez, presidente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), asociación que agrupa al 70% de centros concertados de Madrid, replicó ayer: "Hay centros [concertados] que pueden estar dentro de este 20%, pero que tienen a la postre más estudiantes de integración que el resto". Díaz explica que estos alumnos han podido entrar por vía ordinaria: haciendo su inscripción directamente en el centro sin pasar por las comisiones de escolarización (organismos públicos que distribuyen los alumnos de integración de cada zona).

La consejería que dirige Gustavo Villapalos no tomará medidas contra los colegios que no han reservado plazas para estos estudiantes al entender que el primer año de puesta en marcha de la orden les había "cogido por sorpresa" y "ya tenían compromisos de admisión de hermanos" de chavales matriculados en años anteriores. Pero Educación matriculará en estos colegios a los nuevos alumnos de integración que vayan llegando a la región a lo largo del año. "Aumentaremos la ratio por aula de 25 a 27 escolares en los centros que no han hecho las reservas", indicó ayer la Consejería de Educación. Díaz se mostró favorable a la medida y garantizó que todos los colegios de la FERE han enviado sus peticiones para cumplir los cupos de alumnos de integración.

La izquierda exige que se retiren las ayudas a los centros que no admitan alumnos de integración

Por su parte, Franco González, diputado de IU, abogó ayer por que la Comunidad "retire inmediatamente las subvenciones a los colegios que se han negado a reservar plazas para estudiantes inmigrantes". "Con dinero público no se puede jugar. Si la Consejería de Educación reconoce que un 20% de los concertados no han reservado plaza, es que hay muchos más. Es una auténtica vergüenza", aseveró.Dolores Rodríguez Gabucio, diputada del PSOE, destacó también el incumplimiento por parte de los colegios concertados de esta reserva de plazas y calificó de "prioritario" que la Inspección Educativa delimite su extensión.

Asimismo, Rodríguez Gabucio le indicó al consejero el problema y las desigualdades que origina el hecho de que la Consejería de Educación realice conciertos con colegios después de que haya terminado el proceso de escolarización. Así, cuando se produce la firma de un concierto, los centros ya han cubierto sus plazas escolarizando a los niños que quieren, como les está permitido, pero sin que esta escolarización sea equitativa en función de los parámetros que se utilizan en los centros públicos, como proximidad al colegio o nivel de renta.

Por su parte, Francisco García, portavoz de Educación del sindicato CC OO, reclamó un listado a la Consejería de Educación de los centros que han incumplido la orden de incluir un cupo mínimo de estudiantes de integración en sus aulas. García destacó que algunos colegios concertados crean sus propias estadísticas y contabilizan como estudiantes de integración a chavales que no lo son: hijos de inmigrantes de clases medias sin problemas de adaptación. Exigió también que se retiren las subvenciones a los colegios que inclumplan la normativa de integración.

Por otra parte, Gustavo Villapalos hizo ayer balance del primer año de gestión efectiva de las transferencias educativas y señaló que "la dificultad mayor" que se ha encontrado "es que las normas y leyes que existen responden a la antigua estructura de la dirección provincial". "Tenemos una normativa y una legislación pensadas para una Administración distinta y revisarlas será una tarea absolutamente indispensable", dijo.

Durante su balance se mostró satisfecho con el resultado de la orden experimental que reguló la jornada escolar continua, ya que de los 112 centros que la solicitaron en el curso 1999-2000, se ha pasado a 46 solicitudes para el próximo curso, 36 de centros públicos y 10 de concertados, todos ellos, salvo uno o dos, ubicados en Alcalá de Henares y sus alrededores.

La generalización y extensión de la educación infantil y el aumento de retribuciones del profesorado fueron otras dos de las medidas destacadas por el consejero. Para el próximo curso subrayó la ampliación de una hora semanal en las materias de Filosofía e Historia, así como en tutorías (Véase EL PAÍS de ayer). Según explicó, el nuevo horario se debe "a la queja generalizada que existe de los profesores de primero de universidad sobre las pocas referencias con que llegan los alumnos sobre estas materias y la falta de configuración de un modo de pensar que dan las humanidades". Negó que la medida tenga algo que ver con el reciente informe de la Academia de Historia que criticaba las carencias educativas de algunas autonomías. "La orden la teníamos preparada antes", dijo. PSOE e IU apoyaron la medida.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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