El TSJA anula una resolución que permitió reducir el IBI un 30%

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado una resolución del Tribunal Económico Administrativo, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, a la que se habían acogido 10.829 andaluces, la mayoría de Granada, para tributar menos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Alrededor de 5.000 consiguieron una rebaja del 30%. Aquellos que recurrieron y lograron la rebaja tendrán ahora que pagar una liquidación complementaria.

Otros recursos

En Granada, donde se presentaron 9.428 recursos, la confusión creada por la resolución ahora impugnada ha hecho que el Ayuntamiento tenga pendientes de recaudar unos 1.300 millones de pesetas por el tributo correspondiente a los jercicios de los años 1998, 1999 y 2000.El contencioso que ha generado un embrollo monumental se originó en Cádiz en 1996 cuando el Tribunal Económico Administrativo Provincial dio la razón a trece contribuyentes que reclamaron al considerar que Hacienda les había aplicado erróneamente, para calcular el valor catastral de sus propiedades, el denominado coeficiente de relación al valor de mercado. En concreto, adujeron, en vez del 0,5% se les había aplicado el 0,7%. Esa resolución fue confirmada por el Tribunal Económico Administrativo Central y adoptada por los tribunales regionales.

A partir de ahí miles de personas, sobre todo en Granada, consiguieron resoluciones favorables de dicho tribunal que, en la práctica, les supusieron una reducción del 30% del IBI.

El Catastro, a la vista de los dictámenes del Tribunal Económico Administrativo, aceptó rebajar sólo en Granada el impuesto a 5.000 personas, sobre un censo de 180.000 contribuyentes, al tiempo que exigía a los tribunales que declarasen lesiva la resolución de su Tribunal Económico Administrativo. En Jaén recurrieron al TSJA 680 personas; 192 en Málaga; 145 en Córdoba y 179 en Huelva.

Pero además unos 4.000 contribuyentes granadinos que no recurrieron en su momento ante el Tribunal Económico Administrativo, alentados por el grupo municipal del PSOE de Granada, entonces en la oposición, presentaron escritos en el Ayuntamiento o ante el propio TSJA, tratando de obtener un trato fiscal semejante. El resultado fue que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en los tres últimos ejercicios 1.300 millones por impagos, unos justificados y otros no. Sin embargo, para no perjudicar a quienes se negaron a satisfacer el impuesto hasta que se aclarara si el valor catastral asignado era el correcto, el Ayuntamiento decidió no reclamar a nadie el IBI por vía ejecutiva.

José Antonio Aparicio, concejal de Economía de Granada, explicó ayer que el Ayuntamiento tramitará por vía ejecutiva los 603 millones impagados correspondientes a 1997, ya que si no lo hiciera antes del mes de septiembre, los perdería definitivamente.

El director general de Catastro, Jesús Miranda, explicó ayer en Granada que su departamento, una vez que se notifique la sentencia personalmente a los 10.829 recurrentes, tendrá que reponer los valores catastrales a los 5.000 ciudadanos que consiguieron la rebaja gracias a la resolución anulada y reclamar la diferencia mediante la liquidación complementaria..

"La sentencia evita que se consolide una posición de ventaja injustamente obtenida por ciertos ciudadanos frente a la mayoría de los granadinos y de los españoles que no recurrieron en su momento. Ahora se ha reequilibrado el impuesto", señaló.