Enseñanza de la historia y política

El debate abierto en los últimos días relativo a la enseñanza de la historia en la educación primaria y secundaria ha despertado el interés de una buena parte de la sociedad. En mi caso, me he visto implicado por dos distintas vías. Una, como historiador que ha elaborado materiales para la enseñanza de esta asignatura y que, por tanto, está preocupado por ella. Y otra, por haber visto incluido uno de mis trabajos entre las denostadas obras que constituyen un "arma de construcción nacional", afirmación que únicamente puede conducir a la risa a cualquier persona que me conozca y haya leído mis trabajos.En este debate se han reunido dos cuestiones que deberían tratarse de un modo separado. Por una parte, la situación de crispación política y de amenazas que se vive en el País Vasco. Y por otra, el debate propiamente académico en relación a qué historia enseñar y cómo enseñarla.

La primera cuestión ha proporcionado tintes políticos a un debate académico, con lo que las posibilidades de alcanzar un resultado positivo serán muy escasas. Por ello, los profesionales de la Historia debemos escapar de esto y buscar una respuesta a las preguntas en relación con la enseñanza de nuestra disciplina.

El debate que ha abierto la Academia de la Historia podría haber dado paso a una discusión serena sobre esta cuestión, pero la metodología empleada, todavía no aclarada, y las generalizaciones gratuitas han llevado esta propuesta a un callejón sin salida.

En relación con esta cuestión, resulta sorprendente que se ignore, tanto por la Academia como por la mayor parte de los participantes en este discutido debate, las discusiones profesionales que se han llevado a cabo en los últimos años. Entre ellas cabe destacar el seminario celebrado por la Asociación de Historia Contemporánea en Vitoria, en 1998, donde se debatieron ampliamente estos problemas.

Para llevar a buen término cualquier proyecto de reforma de las humanidades sería interesante recuperar lo que de positivo tuvo la Comisión Díaz-Ambrona, en la que participaron todas las administraciones con competencia en este ámbito, buscando un acuerdo en el que se conjugasen las distintas perspectivas existentes en la actualidad. Pero, previamente a la discusión de esta comisión político-administrativa, sería conveniente elaborar un documento académico en el que basar sus trabajos y donde colaborasen los profesionales de la universidad y y de las las enseñanzas medias.

Éstos deberían ser representativos de las diferentes visiones de la historia existentes y sensibles a la realidad plural de España. Obviamente, algo diferente a la Academia de la Historia que, dados el procedimiento de selección de sus miembros y las caducas condiciones para formar parte de ella, no representa, en absoluto, la vitalidad de la historiografía española. Como punto de partida, creo que resultará aceptable para la mayoría de los profesionales una visión de la historia en la que se conjuguen los niveles local-regional, español y europeo. Creo que esta es la realidad que se refleja en buena parte de los textos y de los centros de enseñanza, a pesar de los ejemplos, muy repetidos por cierto, de localismo exagerado.

En todo caso, considero que la acción legislativa y reguladora debe detenerse en los principios generales y conceder una amplia libertad a los docentes para elegir cómo y qué enseñar. La necesidad de elaborar unas normas o programas detallados muestra una tremenda desconfianza en los profesionales y, en definitiva, en los titulados que forma la universidad en España.

El objetivo último de esta labor sería presentar la enseñanza de la historia como una herramienta para que los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de entender la sociedad en la que vivimos, tratando de evitar adoctrinamientos nacionales y el fomento del racismo. Pero no sólo en el País Vasco, Cataluña y Galicia, también en El Ejido.

Mikel Urquijo es profesor titular de Historia Contemporánea de la UPV-EHU