Pujol pide que las autonomías intervengan para fijar su propio cupo de inmigrantes

El presidente catalán, Jordi Pujol, quiere que las comunidades autónomas intervengan a la hora de determinar el contingente anual de inmigrantes, fijando la cuantía y características de la mano de obra extranjera que cada una está dispuesta a asumir. Convergència i Unió (CiU) ya ha remitido al delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, las modificaciones que pretende introducir en la Ley de Extranjería, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Fuentes de CiU han indicado que su apoyo a la reforma tiene condiciones y "no es un cheque en blanco".

Raza y nacionalidad

CiU reconoce que la decisión definitiva sobre el contingente anual de extranjeros corresponde al Gobierno, pero reclama que las comunidades con competencia en materia de ejecución de la legislación laboral, como Cataluña, intervengan en su determinación. Las mismas fuentes subrayan que las autoridades autonómicas son las que mejor conocen las necesidades de su mercado de trabajo, por lo que son las idóneas para determinar la cuantía y características del cupo.El hecho de que el primer permiso de trabajo pueda limitarse a un territorio determinado hace más necesaria la intervención de las comunidades. Para CiU, el actual trámite de audiencia al Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que las autonomías están representadas, es insuficiente.

Pujol ya sugirió esta demanda en un artículo publicado en El Mundo el pasado 6 de junio. "No es lo mismo intentar integrar centroamericanos en Madrid, magrebíes en El Ejido o subsaharianos en Girona", decía. "No sólo son diversos los que llegan, sino también los que reciben. Por tanto, el volumen y el tipo de inmigración deberían ser susceptibles, en algunos casos, de ser determinados por las comunidades autónomas. Atendiendo, entre otras, a las necesidades del mercado laboral".

El presidente catalán aludía a dos cuestiones: el cupo de extranjeros y su nacionalidad. Respecto al primer punto, CiU reclama que las consejerías de trabajo fijen no sólo el número de empleos para extranjeros, sino también los sectores y su cualificación profesional.

Más problemático es predeterminar la raza o nacionalidad. Las autoridades canarias abiertamente, y otras de forma soterrada, han expresado su preferencia por acoger inmigrantes latinoamericanos o de Europa del Este, en vez de magrebíes o subsaharianos, apelando a la mayor facilicidad de su integración. Fuentes de CiU admiten, sin embargo, que no se puede incluir en la ley un principio de discriminación de este tipo.Hasta ahora el Gobierno sólo ha admitido, para ganarse el apoyo de Coalición Canaria, que el Ejecutivo del archipiélago pueda, con carácter excepcional, elevarle "propuestas sobre trabajo y residencia de extranjeros".

El documento remitido por CiU a Fernández-Miranda plantea, además de la intervención de las autonomías en el cupo, otros cambios. Entre ellos, el reconocimiento a los inmigrantes irregulares de los derechos de asociación, manifestación y reunión; la suavización del régimen de sanciones, para que trabajar sin permiso no sea causa de expulsión; la flexibilización del contingente, de modo que no incluya cualquier oferta de trabajo; o la necesidad de que se comunique esta circunstancia a quienes sean rechazados por estar incluidos en el sistema Schengen. Ninguna de estas sugerencias se ha incorporado al texto aprobado el viernes. Al contrario, el Gobierno lo ha rectificado para dejar claro que el permiso de trabajo lo da el ministerio y subrayar que la ley se dicta al amparo del artículo 149 de la Constitución, que regula las materias que son "competencia exclusiva" del Estado.