La Audiencia deja libre a López de Arriortúa, aunque le retira el pasaporte

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dejó ayer en libertad provisional al industrial vasco José Ignacio López de Arriortúa, aunque adoptó una serie de medidas cautelares respecto a él para prevenir el eventual riesgo de fuga, como la retirada del pasaporte, la presentación semanal en el juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia. López de Arriortúa está reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por delitos de hurto o apropiación indebida y revelación de secretos de empresa.

El industrial, conocido como Superlópez, se presentó en el juzgado con 20 minutos de retraso, mucho más grueso que en la imagen que se tenía de él de cuando era un alto ejecutivo de General Motors o de Volkswagen, y ataviado con un traje cruzado gris y una corbata granate con motivos de patos. El juez Juan del Olmo le preguntó si accedía a ser extraditado a Estados Unidos, a lo que López de Arriortúa, según fuentes jurídicas, contestó: "No, porque soy español y quiero vivir en mi país, que es España".

Superlópez añadió que en 1998 tuvo un gravísimo accidente de tráfico, que permaneció tres meses en coma y que, como consecuencia de ello, tiene lagunas de memoria.

El juez le ofreció la posibilidad de ser examinado por el forense adscrito al juzgado, pero López de Arriortúa declinó el ofrecimiento por entender que no era necesario, pues ya han aportado informes médicos que acreditan las secuelas que padece.

Tras la comparecencia sobre la extradición, se celebró la vistilla prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la adopción de medidas cautelares. El fiscal Ignacio Peláez no solicitó su ingreso en prisión, ya que no hay orden internacional de busca y captura contra el industrial, pero sí reclamó la adopción de algunas medidas para evitar el riesgo de fuga del industrial.

Medidas cautelares

Éstas se concretaron en la retirada del pasaporte, la comparecencia semanal en el juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia. El juez aprobó las medidas solicitadas por el fiscal. Superlópez no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación, si bien su letrado, Manuel Ollé, aseguró que rechazan la extradición porque los hechos que se le imputan en EE UU "no son ciertos" y la salud de su cliente no es buena, como acreditan los informes médicos que han aportado.

La petición de extradición formulada por Estados Unidos está basada en seis cargos que un gran jurado de Detroit imputa a Arriortúa como consecuencia de su paso en 1992 de General Motors a Volkswagen. Entre estos cargos figuran el robo de documentos secretos de General Motors, como diseños de plantas de fabricación, listados de precios a proveedores, y planos de nuevos modelos de automóviles, a los que Arriortúa habría tenido acceso como vicepresidente, y que habría entregado a sus nuevos jefes.

Fuentes jurídicas informaron también de que la familia de Superlópez tramita un procedimiento civil de incapacitación en un juzgado de Gernika (Vizcaya), que puede afectar a la extradición.