Decepción en el Parlament LLUÍS TEJEDOR

Los pasados días 27 y 28 de junio se celebró en el Parlament el tan esperado debate sobre la atención a la infancia hasta los tres años. Todo lo que gira en torno a este tema es cuestión de importancia capital. Desde todos los ámbitos se coincide en considerar esta cuestión básica y estratégica para Cataluña. A pesar de todo, desde la Federación de Municipios insistimos en manifestar nuestra gran preocupación al respecto.No acabamos de ver la voluntad política del Gobierno de la Generalitat de seguir adelante. ¿Cómo podemos interpretar si no la intención de crear plazas públicas de educación infantil (hasta los tres años) contando única y exclusivamente con las de promoción voluntaria por parte de los ayuntamientos de Cataluña? ¿Dónde está la responsabilidad competencial del Gobierno de la Generalitat? ¿Dónde está el famoso plan de creación de plazas de guardería?

Es obvio que corresponde al Gobierno de la Generalitat liderar el proceso que ha de conducir a disponer de los elementos legales que garanticen que la población tenga los servicios a la infancia hasta los tres años que necesita. Este anhelo no es una exageración, sino que sencillamente requiere adecuar los servicios a las necesidades de los administrados. Es altamente preocupante que un país moderno y avanzado, como pretendemos que sea Cataluña, sea incapaz de atender la educación pública en esta etapa, aun reconociendo el grave problema de la baja tasa de natalidad, nada ajena a mi entender a las crecientes dificultades de las familias para soportar económicamente este y otros gastos. Para conseguir esto es necesario dejar de lado los viejos tabúes sobre la educación infantil hasta los tres años y abordar la cuestión desde una óptica moderna y sobre todo realista. De entrada, no podemos pensar en modelos insostenibles económicamente, ya que inevitablemente nos conducirían al fracaso del propio sistema, pero tampoco podemos, ni queremos, aceptar que la aportación de la Generalitat a la financiación de cada plaza sea inferior al 10% de lo que cuesta una plaza en las guarderías de su titularidad. Eso es muy poco serio.

Vayamos por partes. La atención a la infancia no es un tema fácil ni simple. Primero hay que plantearse la cuestión de forma global, es decir, debemos concebir la atención a la infancia como una suma de servicios para atender a las múltiples y variadas necesidades de las familias en la atención de sus hijos de hasta tres años. Por lo tanto, deberá haber servicios de diversos tipos, algunos estrictamente educativos y otros de características sociales, asistenciales, etcétera, pero siempre con una idea educadora, es decir, deben ser servicios que, aun no siendo en algunos casos propiamente educativos, tengan siempre presente la dimensión educativa. A partir de este principio podrá abrirse un abanico de posibles servicios a la infancia que pueden ir desde el más conocido, la guardería de servicio completo, de la que hoy existen múltiples modelos en Cataluña, hasta el servicio temporal de guarda, durante un tiempo determinado del día, modelo que ya está funcionando con buenos resultados en algunos pueblos de nuestro país. Con esta apertura de posibilidades debe planteárselo el Parlament, y por tanto el Gobierno de la Generalitat. En segundo lugar, habrá que abordar cuál es la Administración responsable de que la ciudadanía disponga de servicios públicos de atención a la infancia. Si lo analizamos desde la óptica exclusivamente competencial y legal, es obvio que la responsable es la Administración educativa, es decir, el Departamento de Enseñanza; pero si damos un paso adelante, algo más ambicioso y atrevido, podemos llegar a la conclusión de que realmente el titular ha de ser la Generalitat, aunque, en función del tipo de servicios, se podría pensar en la conveniencia de que fueran gestionados por los ayuntamientos, que ya están acostumbrados a hacerlo. Eso significaría poner en marcha una de las fórmulas propuestas en las leyes de desarrollo administrativo del Estado y prevista en la Ley Municipal de Cataluña: el traspaso de competencias. Creo intuir sin miedo a equivocarme que, desde los ayuntamientos,un traspaso de competencias, con la garantía de suficiencia presupuestaria que los convirtiera en la principal Administración prestadora de servicios a la infancia, sería acogido de forma positiva por éstos. También desde esta óptica debiera planteárselo el Parlament.

En tercer lugar, y para lograr todo lo expuesto hasta ahora, es imprescindible la voluntad política de llevarlo a cabo. Por ello, el pasado 2 de junio, la Federación de Municipios convocó a los representantes de los grupos políticos del Parlament con el objetivo de que, en el seno del máximo órgano político de nuestro país, se celebrase un debate que condujera a unas conclusiones que permitiesen abordar la atención a la infancia dentro de un marco general y legal que sirva de referencia para todos. En la citada reunión se entregó a los representantes parlamentarios un documento que sugería una serie de temas que tener en cuenta en el debate, los cuales hacían referencia al concepto teórico de atención a la infancia, el establecimiento de qué Administración tiene la competencia, la delimitación de los instrumentos necesarios de planificación y la garantía de la suficiencia presupuestaria, elementos todos ellos que, de forma imprescindible, deben ser definidos por el Parlament.

Teniendo en cuenta, como mínimo, los tres puntos citados, se puede iniciar en Cataluña una auténtica política de atención educativa a la infancia. Si no es así, vale más que nos quedemos como estamos y dejemos de pensar en la creación de plazas de educación infantil hasta los tres años, aunque aquel a quien corresponda tenga que asumir el coste político de haber anunciado públicamente la creación de un número extraordinario de éstas, y una vez más, por favor, agradeceríamos más respeto a los ayuntamientos.

Lluís Tejedor es alcalde de El Prat de Llobregat y presidente de la comisión de enseñanza de la Federación de Municipios de Cataluña.