La Junta andaluza lleva al Constitucional el decreto de liberalización de horarios comerciales

Conflicto de competencias

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad, por conflicto de competencias, contra el decreto ley de horarios comerciales aprobado por el Ejecutivo central. El recurso se fundamenta en que la nueva regulación estatal ha venido a desplazar la legislación autonómica, al ser una norma básica de aplicación directa, y se ha producido una posible invasión de competencias.El portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho, subrayó que la impugnación no tiene intención política: "Se trata de una defensa de carácter jurídico de la autonomía". El portavoz explicó que el Gobierno autonómico entiende que se ha vaciado de contenidos la Ley de Comercio Interior de la Junta de Andalucía de 1996, al modificar las bases hasta ahora vigentes en la Ley Orgánica de Ordenación del Comercio, también de 1996, que establecía los horarios de los establecimientos.

Aunque no precisó los fundamentos exactos del recurso de inconstitucionalidad, que se formalizará en unas semanas, Camacho dijo que la Junta andaluza cuestiona la "urgente necesidad" de la regulación estatal, requisito imprescindible para usar la fórmula del decreto ley en lugar de otros mecanismos que exigen consultar a diferentes instancias para su tramitación. La ley orgánica decía que la libertad de horarios comerciales no podía aplicarse antes de 2001, y tras un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. "¿Dónde está la urgencia, si, además, ningún sector interesado lo ha pedido?", se preguntó el portavoz.

La Junta de Andalucía también alegará una errónea interpretación por parte del Gobierno central del artículo 149, apartado 13, de la Constitución, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. "Este artículo no puede ser una patente de corso para todo, y dejar a un lado las competencias de las comunidades. Por eso, el Ejecutivo andaluz cree que se ha utilizado inapropiadamente", dijo Camacho.La Ley de Comercio Interior de Andalucía autoriza un horario semanal máximo, en días laborales, de 72 horas. Además, permite la apertura de ocho domingos y festivos al año. El decreto ley establece un mínimo de 90 horas (una media de 15 horas diarias) y el incremento anual progresivo hasta 12 días festivos y domingos.

Estas bases agotan prácticamente la capacidad reguladora de Andalucía, a la que sólo le resta margen para fijar la libertad absoluta de los horarios. Pero, en la práctica, tampoco es así. Aunque el decreto sostiene que la liberalización no se aplicará hasta que el Gobierno, conjuntamente con los Ejecutivos autonómicos, así lo decida (no antes de 2005), se introduce una excepción. La salvedad es que la superficies inferiores a 300 metros cuadrados pueden determinar los días y las horas que estarán abiertos al público. Este tipo de establecimientos significa el 90% de los comercios andaluces. Es decir, la excepción se convierte en Andalucía en regla general.

Por su parte, el comité ejecutivo de la Confederación Española de Comercio (CEC) decidió ayer convocar una jornada de protesta con el cierre de los establecimientos para protestar por la liberalización de los horarios comerciales aprobada por el Gobierno. La Confederación Española de Comercio, que aglutina a 600.000 pequeños comercios, no ha decidido la fecha concreta del cierre, pero sí ha acordado distribuir entre los comerciantes un cartel que será expuesto en los escaparates del comercio de toda España con el mensaje: "Un gobierno prepotente quiere cerrar este comercio".

El portavoz del Gobierno del País Vasco, Josu Jon Imaz, avanzó ayer que su Ejecutivo no descarta la posibilidad de proceder a una regulación propia de los horarios del comercio de una manera consensuada con el sector y siguiendo los criterios de la Unión Europea.

Mientras, el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha acordó ayer solicitar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para debatir la posición de la Administración sobre los horarios comerciales y el régimen de suelo.