"Si no hay reparto, tomaremos las armas"

En la granja Chifunbi, a unos 40 kilómetros al noreste de Harare, un puñado de veteranos relame su plato de comida. Llevan acampados desde el 4 de marzo en espera de la tierra prometida por el camarada Robert Mugabe. Los alimentos, el agua y el abrigo proceden de las donaciones del granjero invadido. Peter Zisenue, de 42 años, ex combatiente de la guerra que desembocó en la independencia de Zimbabue en 1980, no se inmuta ante el resultado de las elecciones. "Estamos aquí por la tierra y no nos vamos a marchar hasta que la consigamos". Enfrente, Derek Chaora, de 48, asiente. "No necesito mucho, con 15 hectáreas en esta finca me es suficiente para plantar maíz, patatas, soja y arroz y sobrevivir".Ni Peter ni Derek quieren oír hablar de la posibilidad de que toda esta campaña de ocupación de la tierra más fértil de Zimbabue fuera una treta electoral. "Creemos en Mugabe; es imposible un engaño", señala Derek junto a la cocina del campamento de los veteranos. "Llevamos esperando 20 años y podríamos esperar diez más si fuese necesario, pero nadie nos puede obligar a retirarnos". Peter, quien le escucha cabizbajo en una hilera de zapatos raídos recién lustrados, interviene: "Si no hay reparto, tomaremos de nuevo las armas y lucharemos contra el Gobierno. Nos veremos obligados a expulsar a los granjeros blancos". Tras un tiempo, en el que una mujer que no deseaba dar su nombre recitaba las dificultades de su vida cotidiana, Peter se corrigió con una sonrisa en los labios: "Bueno, no ponga lo del Gobierno, porque eso es imposible".

El Ejecutivo aprobó en abril en el Parlamento saliente una enmienda constitucional sobre la propiedad de la tierra. Más tarde hizo pública una lista de 804 haciendas para su posterior confiscación. Los 4.500 granjeros blancos ocupan cerca de 10 millones de hectáreas, un 32% de la superficie cultivable, frente al millón de negros que se reparten 16 millones de hectáreas en las zonas menos fértiles. Sólo durante el pasado fin de semana fueron ocupadas 35 nuevas fincas. Los dueños de las 804 granjas tenían hasta la medianoche de ayer, domingo, para presentar sus alegaciones.

En algunas de esas 804 granjas, como la de Bruce Cambell en el sur de Marondera, los veteranos se han vuelto agresivos: les impiden labrar, sueltan los animales y vociferan amenazas: "Si para el lunes no os habéis marchado, ateneos a las consecuencias", dicen. Este mismo caso se ha repetido en al menos otras dos haciendas. Los granjeros temen una nueva ola de terror.

La tierra es un problema que se arrastra desde la independencia, una rémora no resuelta de la época de colonia, cuando miles de blancos se hicieron con la tierra como botín de conquista. Los acuerdos de Lancaster House (Londres) sellaron un compromiso constitucional que garantizaba la propiedad agrícola de los blancos durante diez años. A cambio de esa concesión del Zimbabue independiente, el Reino Unido se comprometía a crear un fondo para financiar las expropiaciones. Londres donó 44 millones de libras esterlinas. Ese dinero sirvió para adquirir tierra cultivable, pero en el opaco sistema de redistribución se produjeron anomalías, la mayoría de las fincas fueron a parar al entorno de Mugabe y Londres cortó la ayuda.

Peter Zisenue y Derek Chaora no sólo desean la entrega inmediata de una porción de tierra, quieren ayuda económica para iniciar su negocio. "Necesitaré medio millón de dólares ". Alertado de los altos tipos de interés, un 65% en junio, Peter opta por la ayuda internacional: "Ellos cogieron la tierra sin pagar nada por ella".

John Makombe, profesor de la Universidad de Harare, sostiene que Mugabe tuvo una oferta antes de las elecciones para la creación de un segundo fondo, con ayuda comprometida por varios países, y que la rechazó por motivos políticos. El presidente surafricano, Thabo Mbeki, quien teme que el problema real de la tierra en Zimbabue se fotocopie en su país, efectuó con éxito gestiones ante un país árabe para alimentar ese fondo de donantes. Tampoco fue aceptado.

Makombe predice que, tras los comicios, el presidente repartirá algo de tierra y enfriará el debate para sacarlo a relucir en las presidenciales de 2002. Miembros del ala dura del partido gobernante amenazan con nuevas ocupaciones. En 1997, Mugabe incluyó 1.500 fincas en un proyecto de confiscaciones compensadas. El opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), apoyado por los granjeros blancos, rechaza la ocupación por la fuerza, igual que el Tribunal Supremo, cuyas dos resoluciones fueron desatendidas por el presidente: "No se trata de un problema legal, sino político", dijo Mugabe. La oposición propone sentar a negociar a las partes y nombrar una comisión independiente capaz de repartir lo confiscado con transparencia. "El asunto capital es cómo dividir la tierra fértil sin afectar a la producción nacional", asegura M. C., un granjero blanco. Las granjas comerciales son la principal fuente de riqueza del país. Sólo el cultivo de hoja de tabaco representa el 30% de los ingresos en divisas.

Las tierras comunales, la alternativa a las granjas, dependen del jefe de la comunidad, quien reparte los acres premiando lealtades. No existen títulos de propiedad para evitar la venta, por lo que sus beneficiarios no invierten en ellas, generando un cultivo de supervivencia. El MDC proponía en su programa electoral legalizar las propiedades, un afán modernizador que ataca la autoridad de los jefes, diez de los cuales tendrán escaño en el nuevo Parlamento por designación directa del presidente.