Globalización y derechos humanos
La concepción de los derechos humanos que ha prevalecido desde la Declaración Universal de 1948 debe ampliarse a lo que cabría llamar unos derechos de nueva generación. Si se puede plantear es porque, pese a la persistencia de graves violaciones de los derechos más básicos, ya se ha avanzado mucho, como recoge el informe sobre desarrollo humano publicado esta semana por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). También diversos e insignes participantes en el Diálogo Intercultural sobre Democracia y Derechos Humanos, que ayer concluyó en Santiago de Compostela, se han situado en esta línea.La ratificación de los seis principales tratados o convenios sobre derechos humanos ha progresado de forma notable en los años noventa. El Convenio sobre los Derechos del Niño ha sido ya ratificado por 191 Estados (frente a 50 una década antes); el número de los que lo han hecho con el Convenio contra la Tortura se ha duplicado. Pero del derecho al hecho hay un buen trecho. Una cosa es establecerlos o ratificarlos y otra cumplirlos. Su efectividad deja mucho que desear. Un 80% de los Estados han ratificado el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y sin embargo, la realidad al respecto resulta desoladora.
Una cuestión central, surgida en los debates en Santiago, es la jerarquización de los derechos humanos, sobre la que hay diferencias entre expertos, países y sociedades. Sin derechos políticos y civiles -y en su centro, el derecho a la vida- no puede haber derechos sociales, pues de poco valdrían los primeros si la pobreza o la miseria impiden ejercerlos. El PNUD somete a reflexión que la pobreza es un tema tanto de derechos humanos como la tortura, cuando, por ejemplo, mueren 30.000 niños al día en el mundo de causas que se pueden prevenir. La erradicación de la pobreza se está convirtiendo en un reto central para los derechos humanos, especialmente cuando crecen las diferencias entre los más ricos y los menos afortunados. Muchas minorías étnicas, además, ven restringido el acceso a los servicios públicos, al agua o a la sanidad de que gozan las mayorías que controlan algunos Estados, mientras la erradicación de la violencia doméstica contra las mujeres es también parte central de esta agenda.
El caso Pinochet -cuya detención en Londres fue posible por la existencia de una tupida red de convenios bilaterales y multilaterales- y el Estatuto del futuro Tribunal Penal Internacional constituyen un punto de inflexión histórica en materia de defensa de los derechos humanos. Europa ha marcado un camino con el Tribunal de Estrasburgo que otros deben seguir. El PNUD propone como arma pacífica el uso de las estadísticas en materia de respeto de los derechos humanos como instrumento para crear una cultura que obligue a rendir cuentas a los dirigentes. La presión de organizaciones centradas sobre la vigilancia de esos derechos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, junto a la de los medios de comunicación, contribuye a situar bajo la luz pública las violaciones de derechos humanos que deben agitar nuestra conciencia.
Pero los avances en el derecho de injerencia por razones humanitarias, hasta llegar a la intervención armada, son percibidos por muchos países del Tercer Mundo como un nuevo estadio de un colonialismo occidental que actúa selectivamente. Los derechos se van globalizando más rápidamente que los medios para aplicarlos. De manera que, a pesar de los avances, aún estamos muy lejos de una justicia universal.
