El Papa pide la reducción de la condena para los presos de todo el mundo

El papa Juan Pablo II hizo ayer un llamamiento a los gobernantes de todo el mundo para que adopten medidas de clemencia con los presos. "Una reducción, aunque sea modesta, de las condenas de los detenidos", escribe el Pontífice en el mensaje difundido ayer, "constituiría una prueba de sensibilidad hacia su situación que no dejaría de suscitar ecos favorables en sus almas, estimulando el arrepentimiento por el mal hecho".

El documento de 11 páginas, publicado en vísperas del Jubileo de los presos, que se celebrará el 9 de julio, no menciona la pena de muerte, condenada otras veces por el Papa. Aunque el Vaticano no se aventura a cuantificar el indulto, el documento es mucho más preciso al abordar una serie de peticiones concretas para mejorar la situación de los millones de personas que pueblan las cárceles del planeta. Juan Pablo II reclama "una adecuación de las estructuras carcelarias", y en algunos casos "una revisión de la legislación penal", pide leyes que garanticen a todos los prisioneros el ejercicio efectivo de la libertad religiosa y propone la revisión de los reglamentos carcelarios en favor de los enfermos graves, de los toxicómanos y de los enfermos de sida. Iniciativas todas destinadas a aliviar "los muchos sufrimientos" derivados del "hacinamiento de las prisiones". El Papa recuerda a los gobernantes que el tiempo "es de Dios", y subraya que acoger estas peticiones de clemencia serviría para ayudar a los detenidos "a mirar el futuro con nueva esperanza" y constituiría "una señal elocuente de que se afirma en el mundo, al comenzar el tercer milenio, una justicia más auténtica". También denuncia la penosa situación de los detenidos en muchas cárceles.

El Jubileo, dice el Pontífice, "es una ocasión" para reflexionar una vez más sobre el castigo que supone la detención. "En muchos países las cárceles están demasiado llenas. Algunas disponen de alguna comodidad, pero en otras las condiciones de vida son bastante precarias, por no decir indignas del ser humano. Los datos que están al alcance de todos nos indican que este sistema de castigo, generalmente, sólo consigue hacer frente en parte al fenómeno de la delincuencia". Por ello, se impone una revisión del sistema que, apunta el Vaticano, "debe hacerse con el consenso de todas las partes sociales".

Karol Wojtyla hace hincapié en la importancia de la rehabilitación y aboga por el recurso a las penas alternativas en el caso de delitos menores. "Se podrá introducir así a los detenidos en itinerarios formativos que favorezcan su reinserción en el mundo del trabajo, al cumplir la pena". Otro punto tocado por el Papa es el que hace referencia a la atención psicológica al detenido. "La cárcel no debe ser un lugar de deseducación, de ocio y, seguramente, de vicio, sino de redención".

El mensaje del Pontífice, aunque dirigido al mundo, tiene una lectura particular en Italia, donde desde hace meses se desarrolla un intenso debate sobre la necesidad de una amnistía o un indulto. Mientras un sector de la clase política, sobre todo el centro-derecha, se inclina por una amnistía, fórmula que cancela completamente los delitos cometidos por el beneficiario de la misma, la mayoría de los partidos que integran la coalición de Gobierno son partidarios del indulto. Una medida de gracia de la que específicamente quedarían fuera los delitos de Tangentópoli. Los portavoces de los distintos partidos discutieron ayer sobre el alcance del llamamiento del Papa que, para el centro-izquierda, asume las posiciones de la coalición.

Planteamientos políticos aparte, una amnistía ayudaría a aliviar la parálisis que amenaza a la administración judicial italiana, que en el caso de Nápoles, la tercera ciudad del país tras Roma y Milán, "en breve será total", según denunció ayer la fiscalía de esta ciudad. "Al mismo ritmo que aumentan los problemas disminuye el personal, y dentro de poco la parálisis será total", aseguró el fiscal de Nápoles Agostino Cordova, quien explicó que se quejó de que el Gobierno, "al querer hacer una reforma sin costes, tendrá resultados bajo cero". Cordova explicó que actualmente los expedientes judiciales atrasados en Nápoles superan los 40.000, después de trasladar a la fiscalía provincial otros 500.000.