Un problema de la justicia europea
"La decepción es terrible". La ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, no pudo evitar lamentarse así al enterarse de la muerte por asfixia -suicidio o no- de Sid Ahmed Rezala, el llamado asesino del tren. En efecto, la desaparición de Rezala dejará sin resolver muchos puntos oscuros que implican a las administraciones de justicia europeas y policías de varios países.Rezala, de 20 años, mató, entre el 13 de octubre y el 14 de diciembre de 1999, a tres mujeres, dos de ellas en un tren. Rezala había salido de la cárcel cuatro meses antes, después de cumplir condena por comportamiento violento y tentativa de violación. Entonces, la pena había sido de corta duración porque Rezala era aún menor de edad y no llegó a consumar sus intenciones. Antes, el joven franco-argelino ya había tenido problemas con la policía y la justicia al haber protagonizado diversos incidentes, tanto de naturaleza sexual como robos.
Entre el momento en que Rezala fue identificado como principal sospechoso de los tres asesinatos y su captura en Lisboa las policías francesa y española le detuvieron en dos ocasiones: en un tren (el que une Berna con París) y en Barcelona; en un caso por viajar sin billete, en el otro por alterar el orden, pero las dos veces fue puesto en libertad al no relacionársele con el asesino sobre el que pesaba una orden de busca internacional.
El caso Rezala provocó también un problema de justicia europea. Encarcelado desde el pasado 11 de enero, las autoridades portuguesas no se decidían a decretar la extradición inmediata solicitada por Francia debido a que la máxima pena posible en Francia -30 años de cárcel, sin derecho a reducción- es superior a las vigentes en el código penal luso. París había presionado a Lisboa para conseguir acelerar la extradición y evitar la crispación de una opinión pública que no acepta que la existencia de la Unión Europea no sirva para acelerar y uniformizar los procedimientos judiciales.
Las desgraciadas hazañas de Rezala han revelado, o puesto en evidencia también, las insuficiencias de los servicios de psiquiatría de los establecimientos penitenciarios, los problemas de seguridad de los trenes nocturnos y los disfuncionamientos entre las distintas policías.
