El Gobierno admite discutir las medidas fiscales en el Parlamento
De los cinco decretos aprobados ayer por el Congreso, sólo en dos el Gobierno admitió su tramitación como proyectos de ley. Se trata de las medidas fiscales y de las que afectan a la ordenación del suelo. Esto significa que, pese a haber entrado ya en vigor, ambos decretos se transformarán en proyectos de ley para su discusión separada y con la posibilidad de introducción de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El PP trata de desactivar así las críticas del resto de grupos políticos, sobre la imposibilidad de incluir enmiendas.
El decreto de medidas fiscales, cuya principal novedad es que se rebaja del 20% al 18% el tipo impositivo que se aplica a las plusvalías, fue aprobado con los votos a favor del PP, Coalición Canaria y CiU, y con la oposición del PSOE, PNV y el Grupo Mixto.[El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Jordi Sevilla, expresó la postura de su Grupo en contra de la convalidación del Decreto-ley por tres motivos: los socialistas discrepan en el procedimiento elegido, "urgente y extraodinario"; consideran inconstitucional una parte del Decreto; y ven insuficiente, parcial y contrario a las directrices del Consejo Europeo de Lisboa el resto de las medidas, informa Europa Press].
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió ayer la rebaja de la fiscalidad de las plusvalías (las ganancias obtenidas por la venta de acciones, inmuebles o fondos de inversión) con el argumento de que se quiere "acercar la fiscalidad de estas rentas a la que aplican prácticamente todos los países de la UE". Las plusvalías pasan a tributar a un tipo del 18% en el IRPF, en lugar del 20% actual, y el plazo (diferencia entre la fecha de compra y de venta) se reduce de dos a un año. Hasta ahora, las plusvalías generadas en menos de dos años tributaban a la escala general del IRPF.
Ahorro estable
Esta medida persigue, según reiteró ayer Montoro "fomentar el ahorro estable", a lo que Jordi Sevilla, portavoz socialista en este trámite, respondió que "más bien al contrario, lo que se da es un incentivo al consumo". De hecho, señaló, esta reforma va en la misma dirección que la aprobada a mediados de 1996 -cuando se aplicó el tipo fijo del 20% para las plusvalías- "y ahora estamos en el nivel de ahorro más bajo de la década". Montoro le respondió que esto es así para el ahorro financiero neto, lo que responde a que más familias "no gastan más, sino que se han endeudado para comprar vivienda, porque tienen más confianza en el futuro". Sevilla insistió en que el Gobierno se ha plegado "a las presiones de la gran banca" al no aprobar la exención fiscal para el cambio de fondo de inversión, lo que en su opinión, "habría aumentado la competencia entre las gestoras". Ahora, cuando el titular de un fondo retira su dinero para invertir en otro, la plusvalía tiene una retención fiscal (antes del 20%, ahora del 18%) y paga el impuesto correspondiente. Según el ministro de Hacienda, lo importante no es la movilidad de los fondos, sino que se ha rebajado la fiscalidad de las plusvalías.
Sevilla aclaró que su grupo no quiere aumentar los impuestos, "sino otro reparto", igual que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien se opuso también a la posibilidad de que el cónyuge que no trabaja o que obtenga rentas inferiores a 1,2 millones de pesetas pueda hacer aportaciones de hasta 300.000 pesetas anuales a un plan de pensiones. Esto supone favorecer "las pensiones privadas", según Llamazares, para quien la medida vulnera el Pacto de Toledo, al no haberse recabado antes el acuerdo de las fuerzas sociales.
El portavoz del PNV, Pedro María Azpiazu, justificó el voto en contra de su grupo a este decreto ley "porque las medidas fiscales que incluye son regresivas, no fomentan el ahorro y favorecen la cultura del pelotazo". Por el contrario, el representante de CiU, Heribert Padrol, justificó la rebaja fiscal de las plusvalías por su "equiparación con la fiscalidad en un mundo en amplio proceso de globalización y con libertad de movimientos de capitales".
Junto al decreto de medidas fiscales, el Gobierno y el PP admitieron también la tramitación posterior como proyecto de ley del decreto aprobado ayer, que limita a "causas objetivas" la discrecionalidad de los ayuntamientos en la clasificación de suelo no urbanizable. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, reconoció que, al respecto, "queda mucho por hacer".
Por su parte, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, aseguró que el "objetivo fundamental" de las medidas de liberalización en los sectores inmobiliario y de transportes es "estimular la competencia e influir positivamente en los precios". Según el ministro, en el sector inmobiliario, las medidas persiguen "corregir rigideces del mercado" provocadas por el "fuerte crecimiento de la demanda" y paliar la incidencia que la escasez de suelo urbanizable tiene en los precios de la vivienda.
