El Gobierno legalizará la firma electrónica y abrirá un portal de las administraciones esta legislatura

El Gobierno quiere subirse al carro de la innovación tecnológica y de las posibilidades que ofrece Internet. Así, el objetivo "claro y estricto" para esta legislatura será la creación de un portal de las Administraciones públicas españolas, que contemple el sistema de compra electrónica, el intercambio de base de datos y facilite operaciones administrativas comunes por red, según adelantó ayer en Valencia el subsecretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Carlos González Bueno. El ambicioso proyecto, sin embargo, supedita su éxito a la eficacia de la gestión y a las garantías de seguridad que lleve incorporadas, para lo cual el Gobierno se propone desarrollar en esta legislatura un decreto que legalice el uso de la firma electrónica para operaciones en la red."El decreto de la firma electrónica tendrá que ser desarrollado para su plena utilización en esta legislatura, y así lo haremos", puntualizó ayer González Bueno, aunque no entró en detalles técnicos de cómo se garantizará la autenticidad de las firmas. Un asunto que en Estados Unidos se ha dejado en manos de los programadores y las grandes multinacionales de la informática. En realidad, el compromiso de legalizar la firma electrónica está en sintonía con la aprobación en Estados Unidos, el pasado 16 de junio, de una ley similar por la que el Gobierno estadounidense se obliga a promover el uso y la aceptación mundial de las firmas y los registros electrónicos en operaciones como suscripción de contratos, hipotecas y seguros.

González Bueno subrayó que las grandes líneas de actuación están orientadas a "culminar" el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones y la implantación de la sociedad de la información en el sector público y empresarial. Para ello, el Gobierno tiene previsto destinar en el presente ejercicio 137.000 millones del medio billón de pesetas que contempla el Plan Nacional de I+D+I, que "actuarán como canalizadores de la iniciativa privada, que debe aportar cada vez más esfuerzos en el sector de las telecomunicaciones". El Gobierno también establecerá un código ético de conducta y un sistema de autorregulación de quienes presten sus servicios en red sobre contenidos, protección del menor y publicidad en Internet.