EE UU ratifica que es obligatorio leer los derechos a todos los detenidos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó ayer su histórica decisión de 1966, la llamada Norma Miranda, que obliga a la policía a leerle sus derechos a todos y cada uno de los detenidos. Pese al cambio de clima político y judicial desde el progresismo de los años sesenta al mayor conservadurismo actual, el Supremo, por siete votos a favor frente a dos en contra, sentenció ayer que las declaraciones de los detenidos a la policía sólo son válidas ante un tribunal si éstos han sido informados previamente de su derecho a guardar silencio y a exigir un abogado, aunque sea de oficio."Mantenemos Miranda", declaró William Rehnquist, presidente del Supremo. Fue una gran victoria para las asociaciones de derechos humanos y una derrota de las muchas fuerzas policiales estadounidenses que pedían la abolición de esta regla. En los últimos siete lustros, la policía se ha quejado en numerosas ocasiones de que el olvido a la hora de leerle sus derechos al detenido significa la puesta en libertad de 400.000 culpables cada año.

Rehnquist subrayó que la decisión del Supremo de 1966, bajo la presidencia del liberal Earl Warren, tiene carácter constitucional, por lo que no puede ser abolida o alterada por ninguna ley aprobada por el Congreso de EEUU o por ninguno de los legislativos de los 50 Estados norteamericanos. El presidente del Supremo añadió que Miranda se ha enraizado en los comportamientos de la policía y los tribunales del país.

Confesión ante el FBI

El Supremo se había visto obligado a pronunciarse sobre esta norma a consecuencia del llamado caso Charles Dickerson, un sospechoso de una serie de robos en bancos de Virginia y Maryland. Dickerson confesó la autoría de esos robos en enero de 1997 ante agentes del FBI que no le habían leído sus derechos. Por este motivo, un juez de Virginia rechazó que esa confesión pudiera usarse como prueba en el juicio. En el siguiente escalón judicial, un Tribunal de Apelaciones de Richmond (Virginia) desautorizó al juez y aceptó el uso de la confesión.

Tras escuchar argumentos en ambos sentidos, el Supremo, en su sentencia de ayer, revalida el criterio del primer juez y establece que el Tribunal de Apelaciones actuó erróneamente al no darle toda su validez a la Norma Miranda.

Este debate ha apasionado en los últimos meses a los medios políticos y jurídicos estadounidenses. Frente al criterio de las fuerzas policiales, el departamento de Justicia de EEUU se ha alineado con rotundidad en el campo, victorioso, de los partidarios de la obligatoriedad absoluta de Miranda.

En este año electoral, el debate también se ha incorporado a la carrera hacia la Casa Blanca. Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el candidato presidencial republicano George Bush se declaró partidario de discutir la vigencia y el alcance de la norma. Por el contrario, Al Gore, candidato demócrata, se manifestó a favor de no alterar ni una coma de la letra y el espíritu de la decisión de 1996.