Liechtenstein y otros ocho territorios repiten en las tres 'listas negras' de la comunidad internacional

Si las leyes de la probabilidad no fallan, el ránking de los nueve paraísos fiscales más descontrolados está formado por Liechtenstein, Bahamas, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, las islas Cook, las Mashall, Nauru y Niue. Estos nueve territorios aparecen en las listas negras de tres organismos internacionales publicadas en las últimas semanas. La clasificación de la OCDE, presentada ayer, se suma a la del Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el blanqueo de dinero, difundida la semana pasada, y a la del Foro de Estabilidad Financiera, impulsado por los siete países más ricos del mundo (el G-7). Son los primeros pasos concretos de una movilización internacional contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero.Los criterios para decidir qué es un paraíso fiscal difieren, pero cuando los nombres de nueve territorios son seleccionados por tres organismos queda poco margen para la duda. "Somos un paraíso fiscal y eso no era un secreto", afirmó ayer un representante de la banca en Liechtenstein, el único territorio europeo -los ocho restantes hay que buscarlos en el Pacífico y en el Caribe- que está en las tres listas. "Lo somos desde hace 80 años. El Estado no necesita más impuestos". Mientras los gobiernos de otros países con paraísos fiscales son conscientes de que éstos son un riesgo para la estabilidad del sistema financiero, en este principado presumen de su régimen fiscal.

La comunidad internacional disiente y prepara su ofensiva. Los activos almacenados en los paraísos fiscales, donde los impuestos son lo de menos y el secreto de las operaciones lo más importante, se elevan a cinco billones de dólares (935 billones de pesetas), el 3% de la riqueza del mundo, según Naciones Unidas. De todo ese dinero, entre 500.000 y 800.000 millones de dólares (entre 93,5 y 149,6 billones de pesetas) provienen de actividades criminales.

No sólo se trata de recaudar más o luchar contra el crimen. La ofensiva contra la evasión está propiciada por un cambio de mentalidad de los ciudadanos, cada vez más contrarios al secreto bancario, considerado en otros tiempos como una salvaguarda contra el Estado.