Educación busca la fórmula jurídica para prejubilar voluntariamente a los profesores mayores de 56 años

El Departamento de Educación se enfrenta en estos momentos a un reto difícil y que aún no sabe cómo encarar: la renovación de la plantilla pública de profesores no universitarios. En la actualidad, la edad media de los docentes supera los 46 años, lo que augura un panorama insostenible en una década, con unos claustros de profesores de 56 años de edad media. Educación está buscando la fórmula jurídica que le permita iniciar la prejubilación voluntaria de los docentes que tienen 56 años o más -en estos momentos son más de 1.100- en condiciones económicas ventajosas para las dos partes.

Sin embargo, las soluciones no son fáciles, porque la edad de jubilación del profesorado en nuestro país es a los 70 años, lo que dificulta cualquier plan de rejuvenecimiento, según expone el viceconsejero de Educación, Alfonso Unceta. En su opinión, es "paradójico" que en una profesión como la de docente, donde el desgaste y la presión son "muy importantes", España decida por ley alargar la edad de jubilación voluntaria hasta los 70 años. "Es contradictorio con la necesidad de relevo", apunta.Educación lleva varios meses diseñando el plan de prejubilación, pero aún le quedan muchos cabos por atar, tal como reconoce Unceta. La coyuntura actual de Euskadi tiene su origen a finales de la década de los 70 y principio de los años 80 ,cuando coincidieron dos fenómenos: por una parte, la puesta en funcionamiento de un gran número de centros de secundaria para poder escolarizar el elevado número de alumnos que en aquellas épocas accedían a esta etapa educativa; y por otro, el comienzo de un fuerte y constante descenso en las matriculaciones de los niños. De esta forma, se produjo una masiva incorporación de profesorado que, sin embargo, no ha podido renovarse de una manera natural, ya que la mayoría era entonces joven.

Transcurridos veinte años desde aquello, la pirámide de edad del profesorado está completamente desequilibrada: es muy delgada por la parte de arriba -profesores con más de 60 años- y por debajo -con menos de 30-, agrupándose la mayoría en torno a una media de edad de 46 años. La red pública está integrada por 16.000 profesores y la red privada concertada por 10.000 como personal fijo.

La situación es bastante común en Europa, donde un 70% de la plantilla de docentes es mayor de 40 años. En la mayoría de los países la edad máxima de jubilación está establecida en los 65 años, con algunas excepciones, entre ellas la de España, donde se permite seguir en activo hasta los 70 años. En cuanto a la edad mínima para acceder a la prejubilación, en la mayoría de los países, incluido el nuestro, está situada en los 60 años.

Evitar la jubilación masiva

El viceconsejero reconoce que es "necesario" rejuvenecer la plantilla cuanto antes. En su opinión, en un sistema educativo que es cada vez más exigente, es bueno que se produzca un relevo generacional progresivo. No es partidario de que se produzca un proceso de jubilaciones masivas, concentradas en el estrecho margen de diez años, sino que poco a poco se vayan dando oportunidades individuales.

Mientras en la red privada concertada se puede aplicar el contrato de relevo, que permite la sustitución de trabajadores mayores de 60 años por desempleados más jóvenes, en la pública es inaplicable, porque la fórmula está pensada para un régimen de vinculación laboral y la red pública es un régimen administrativo.

Descartado el contrato de relevo, las posibilidades disminuyen. Unceta ha pensado en la licencia retribuida, una fórmula que permitiría compensar al profesorado que se vaya voluntariamente con un porcentaje de su sueldo hasta la edad de la jubilación, momento en el que la Seguridad Social se haría cargo de todo. En cualquier caso, está en fase de debate. "Es preciso analizar junto a los sindicatos cuáles son las mejores condiciones económicas para los profesores, que siempre se acogerían a la prejubilación de una forma voluntaria", recuerda el viceconsejero. En la actualidad, el departamento utiliza la licencia retribuida para liberar a los docentes que lo deseen durante un año para realizar proyectos de investigación, tesis doctorales u otras actividades relacionadas con el campo de la enseñanza. Existen 40 licencias al año y se les retribuye con el 80% de su sueldo.

Además del desgaste propio de la profesión docente -"no hay un reconocimiento social de su labor", se queja el viceconsejero-, los profesores en Euskadi también se enfrentan a otra particularidad: la exigencia cada vez mayor del sistema educativo de que los profesionales conozcan el euskera para poder impartir clase. Siete de cada diez profesores de 56 años o más -los susceptibles de acogerse a la prejubilación voluntaria- no saben euskera. El departamento euskaldulniza a los profesores a través del programa oficial Irale, al que destina unos recursos económicos de 5.000 millones de pesetas anuales. Si se realizara la política de jubilación anticipada y el nuevo personal que se contrate ya dispone del perfil lingüístico necesario para dar clase en euskera -al tratarse de las nuevas promociones de maestros-, se podrían liberar fondos del Irale para las prejubilaciones.

Oferta general

Esta es otra de las posibilidades que baraja el viceconsejero. "Se podría avanzar de una forma más rápida en el proceso de euskaldunización, con lo cual la exigencia de obtención de perfil que se realiza a través de Irale podría hacerse de otra manera", explica.

Sin embargo, Unceta quiere dejar muy claro que el problema básico es de edad, no de capacitación lingúística . "En un sistema que cada vez es más exigente, la edad es un factor que ejerce presión sobre el profesorado. El departamento no plantea una oferta de prejubilación sólo para una parte del profesorado, con perfil o sin él, sino que es un ofrecimiento universal a partir de una determinada edad".

Lo que reflejan los datos del departamento es que a mayor edad, los profesores tienen menos conocimientos de euskera. Aunque el programa Irale trata de proporcionar los conocimientos, más de un 60% de los docentes liberados para estudiar euskera suspenden el examen final que proporciona el perfil. Sindicatos como CC OO y UGT creen que el Irale actual no euskalduniza de una manera efectiva.