EEUU prepara una ley contra los países que ratifiquen el Tribunal Penal Internacional

El Congreso de Estados Unidos se dispone a elaborar una ley que permitirá adoptar sanciones contra aquellos países que ratifiquen la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuyo tratado fundacional se acordó en Roma en julio del año 1998 con la oposición, entre otros, del Gobierno de Washington, según ha denunciado la organización internacional Human Rights Watch (HRW). Las sanciones consistirían en la retirada de ayuda militar para las naciones que ratifiquen el TPI. El proyecto ha sido presentado por senadores y congresistas republicanos.

El proyecto fue presentado el pasado 14 de junio por los senadores Jesse Helms y John Warner y los congresistas Tom Delay y Floyd Spence. Según HRW, las sanciones no afectarían a todos los países ratificantes por igual, ya que quedarían excluidos aquellos Estados considerados "aliados". "El Congreso de Estados Unidos no debería mezclarse en la aplicación de tácticas intimidatorias", denunció Richard Dicker, consejero de HRW que dirige la campaña de la organización sobre el Tribunal Penal Internacional.La organización internacional ha denunciado que en el mismo proyecto de ley se exigirá que los soldados estadounidenses que participen en misiones de paz bajo el mandato de Naciones Unidas estén dotados de inmunidad contra la actuación del TPI. "Esta ley no parará la creación del tribunal internacional, pero deja en muy mal lugar a la diplomacia estadounidense. Pone de manifiesto que EEUU es el principal obstáculo para este importante avance en la defensa de los derechos humanos", apuntó Dicker.

Las funciones del TPI serán las de juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. El tribunal -que la Comisión preparatoria del TPI espera que entre en funcionamiento en dos o tres años- actuará cuando los Estados impidan que sus propios tribunales actúen contra sus nacionales. Desde la reunión de Roma en la que se procedió a la creación del tribunal -donde 120 países votaron a favor y sólo seis en contra: EEUU, China, India, Israel, Filipinas, Turquía y Sri Lanka-, Washington ha buscado que el nuevo organismo quede bajo la esfera del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene derecho de veto, y a la vez ha intentado dotarse de salvaguardas para evitar que ciudadanos estadounidenses puedan ser procesados por motivaciones políticas. Para HRW esta preocupación está fuera de lugar ya que el nuevo tribunal está pensado para situaciones, por ejemplo, como la de Sierra Leona, donde a causa de la guerra civil y los disturbios el sistema judicial existente es inoperante.

Guerra perdida

"El senador Helms está librando una guerra perdida de antemano", subrayó Dicker. "Decenas de Gobiernos de todo el mundo están respaldando sólidamente la creación del TPI, y entre ellos están incluidos los más cercanos aliados de EEUU. Este tribunal va a salir adelante tanto si al senador Helms le gusta como si no", añadió.

Hasta el momento, 12 países han ratificado el tratado de creación del TPI y más de 90 se han adherido a él. La nueva institución entrará en funcionamiento cuando sea ratificada por los Parlamentos de, al menos, 60 Estados. En España, el pasado lunes, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley orgánica de ratificación del tratado. Uno de los problemas legales que se presentaban en el caso español es que, según la Constitución, el Rey es inviolable, mientras que para el TPI no existen excepciones. El Gobierno español consideró innecesario reformar la Constitución ya que si el Rey cometiera un acto juzgable por el TPI, también habría violado la Constitución.