La oposición coincide al denunciar el carácter "franquista" de la ley de áreas metropolitanas

El proyecto de ley de áreas metropolitanas que el Consell ha remitido a las corporaciones locales implicadas en las zonas urbanas en torno a Valencia, Alicante y Elche ha sido acogido por el PSPV, Esquerra Unida y el Bloc Nacionalista Valencià como un atentado a la autonomía municipal, un "bodrio técnico y conceptual" y reflejo de una concepción "franquista" de la realidad social. Portavoces de los tres partidos denuncian, además, que ofrecer diez días para presentar alegaciones a un texto no es precisamente lo que se entiende por "consensuar" una ley.

Los representantes del PSPV, EU y BNV en todos los ayuntamientos afectados por el proyecto de ley presentarán mociones contra la redacción de un texto que consideran viciado por defectos técnicos y que pone de manifiesto una concepción autoritaria y presidencialista de la relación entre corporaciones locales. Los tres partidos claman por una inmediata retirada del proyecto y fundamentan sus exigencias en reflexiones coincidentes.La norma prevé la constitución de dos "entidades monofuncionales" que asumirán la gestión de las basuras y el suministro de agua potable a las zonas metropolitanas, que formalmente serán consideradas entidades locales con competencias similares a las de cualquier ayuntamiento. Sin embar+go, la propia norma apunta que la "Generalitat establecerá los objetivos de las entidades monofuncionales". Tal redacción constituye una evidente violación de la autonomía municipal que consagra la Constitución, denuncian representantes de los tres partidos.

La asamblea que representará a las entidades locales implicadas responde a un diseño destinado a coartar la voz de las minorías, según coinciden en señalar los portavoces de EU y BNV. La representación de cada Ayuntamiento recaerá en la persona del alcalde, una fórmula que prima a las mayorías. La ponderación del voto de cada Ayuntamiento se cifra por número de habitantes. Cada 10.000 habitantes se traducirán en un voto.

Así, el área metropolitana de Valencia sumará en conjunto 165 votos. El Ayuntamiento de Valenica dispondrá de 81, pero, además, la norma fija una prima de siete votos para los ayuntamientos capitales de provincia. De esa manera, Valencia se garantiza el control de la asamblea correspondiente a su área metropolitana.

Por la misma razón, el alcalde de Elche, el socialista Diego Macià ha reiterado que la nueva norma constituye un "opa hostil" de Alicante contra su ciudad. El caso es tan flagrante que el grupo municipal del PP de Elche se ha sumado al rechazo a la norma elaborada cuando Serafín Castellano ocupaba la Consejería de Administración Pública.

La norma alude indistintamente a "conurbanciones" y "zonas metropolitanas", nociones que no son identificables, por lo que merece el calificativo de "bodrío técnico y conceptual", en palabras de Enric Carbonell, del BNV. Pero además establece unos criterios para definir las áreas metropolitanas que restringen los beneficios de la cooperación municipal a la ciudad de Valencia y al eje entre Alicante y Elche. La ciudad de Castellón o algunas zonas de gran densidad de población dispersa en municipios intermedios nunca podrán beneficiarse de los servicios compartidos que contiene la norma.

Joan Ribó, coordinador general de EU, sugirió que tales condiciones atentan contra una concepción comarcal de la Comunidad Valenciana, una histórica aspiración que nunca ha prosperado en las Cortes Valencianas.

El texto no incluye una memoria económica que garantice la financiación de las entidades dedicadas a gestionar las basuras o el suministro de agua potable, pero tampoco hace ninguna mención al destino del patrimonio del extinto Consell Metropolità de L'Horta, o de las empresas Emarsa y Fervasa que prestaban los servicios en el área metropolitana de Valencia.

Otra protesta generalizada corresponde al proceso de elaboración de la norma. Castellano reiteró que el proyecto de ley sería consensuado con todos los ayuntamientos implicados. Sin embargo, el Consell se ha limitado a distribuir una redacción de la norma y ha ofrecido un plazo de diez días para presentar alegaciones al texto. Portavoces de todos los partidos de la oposición han bromeado sobre la curiosa concepción que parece tener el PP sobre la noción de consenso.

José Díez, diputado autonómico del PP, salió al paso del aluvión de críticas al "anteproyecto" que, dijo, persigue la "desburocratización, descentralización, eficacia y agilidad de mediante fórmulas operativas que optimicen el rendimiento de los servicios públicos y minoren su coste".

Díez recurrió al discurso oficial cuando añadió: "Es sospechoso que, por norma, siempre que se anuncia la presentación de un proyecto de ley, los portavoces de la oposición salgan a hacer declaraciones radicalmente opuestas al contenido de su texto".