Un tribunal retrasa a última hora la ejecución en Tejas de un condenado con escasas pruebas

La ejecución por el procedimiento de inyección letal de Gary Graham, un afroamericano condenado por asesinato con pruebas muy flojas, se puso en marcha esta madrugada, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por cinco votos frente a cuatro, se negara a retrasarla. George Bush, gobernador de Texas y candidato republicano a la presidencia, se había lavado las manos horas antes. Pero a la 1.45, hora peninsular española, un tribunal de Austin, la capital de Tejas, paralizó la ejecución, invocando razones de posible discriminación racial.

Nadie sabía si esa paralización iba a poder mantenerse varias horas o si iba a ser anulada por otro tribunal. Un centenar de manifestantes se congregó frente a la prisión tejana de Hunstville y quemó banderas estadounidenses para protestar por la 135 ejecución de Bush como gobernador de Tejas. "Voy a aplicar la ley y si tengo que pagar por ello un precio político, lo pagaré", declaró ayer Bush aludiendo a la ejecución de Graham, la más polémica desde la de Karla Faye Tucker, en 1998. Esa ejecución se convirtió en casi imparable después de que la Junta de Conmutaciones de Tejas rechazara cualquier aplazamiento o conmutación y Bush, gobernador del Estado, suscribiera esa decisión. El golpe de gracia para la causa de Bush lo dio el Supremo de EE UU al sumarse a la actitud de las autoridades tejanas. En un último esfuerzo por proclamar su inocencia, Graham se negó ayer a comer, forcejeó con sus guardianes, anunció que iba a "luchar a tope" en su camino hacia la cámara de la muerte y pidió que miles de personas se concentraran frente a la prisión tejana de Huntsville para protestar contra su "linchamiento". Jesse Jackson, el político demócrata afroamericano, fue invitado por Graham a asistir a la ejecución.

El caso Graham volvió a colocar a Bush en una situación embarazosa. Dentro y fuera de EEUU muchas voces se levantaban para denunciar que Graham iba a morir por inyección letal pese a la debilidad de las pruebas en su contra. Pero Bush, que ha autorizado como gobernador de Tejas 135 ejecuciones y aplazado sólo una, la de Ricky McGinn, en mayo, declaró que seguiría las recomendaciones de la Junta de Conmutaciones.

Ese organismo, cuyos miembros han sido elegidos por Bush, dio a las 9 de la noche, hora peninsular española, su visto bueno a la ejecución. Cuando comenzó su carrera hacia la Casa Blanca, Bush no podía imaginar que la pena de muerte iba a convertirse en uno de sus quebraderos de cabeza electorales. Bush sigue expresando ahora su seguridad en que todos y cada uno de los ejecutados en Tejas durante su mandato como gobernador eran culpables que tuvieron un juicio justo. Pero el año 2000 está siendo el primero en lustros en que EEUU se interroga abiertamente sobre la eficacia y moralidad de la pena de muerte. Con dos de cada tres condenas a muerte en primera instancia revocadas por tribunales superiores, entre ellas la del español Joaquín José Martínez, y Estados como el de Illinois que han decretado una moratoria en las ejecuciones ante el alarmante número de errores descubierto gracias a las pruebas del ADN, el apoyo a la pena capital pierde fuerza en EEUU.

Graham fue condenado como autor de la muerte a disparos de un hombre en las afueras de un supermercado de Houston, una noche de mayo de 1981. Pero su juicio dejó mucho que desear. Como tantos otros vecinos de los corredores de la muerte norteamericanos, tuvo una defensa incompetente. Su abogado, Ronald Mock, no presentó ni un solo testigo a favor del acusado y tampoco combatió la debilidad de las pruebas de la fiscalía. A Graham, que entonces tenía 17 años, no se le encontró el arma del crimen y sólo una testigo lo vinculó al escenario del asesinato.