Los inmigrantes de Mijas fueron expulsados sin derecho a abogado ni prestar declaración

Los 37 inmigrantes irregulares que la Guardia Civil descubrió el martes en Mijas (Málaga), hacinados en el interior de una furgoneta y en condiciones infrahumanas, fueron expulsados pocas horas después a Marruecos, sin que se les facilitara la asistencia de un abogado ni llegasen a prestar declaración contra los responsables de traficar con ellos poniendo en peligro su vida. Partidos políticos, como el PSOE, organizaciones de apoyo a los inmigrantes, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Andalucía Acoge, y asociaciones judiciales, como Jueces para la Democracia, coindicen en que el Gobierno ha vulnerado en este caso la vigente Ley de Extranjería.

Salvo uno de los inmigrantes, a quien se reconoció como menor de edad tras las pruebas médicas, los demás fueron expulsados de modo fulminante el martes por la noche, a bordo del ferry que cubre la línea Algeciras-Ceuta.La subdelegación del Gobierno en Málaga, según un portavoz, les aplicó el artículo 54.2.b. de la Ley de Extranjería, según el cual "no será preciso expediente de expulsión para el retorno de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país". Sin embargo, el artículo 56 de la misma ley precisa que el retorno sólo puede aplicarse a "los extranjeros a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país".

Para Delia Blanco, portavoz de Inmigración del Grupo Socialista, "no se puede afirmar seriamente que Mijas sea frontera española". Más aun, teniendo en cuenta que, según los datos que han trascendido, algunos llegaron el pasado viernes, por lo que llevaban varios días en España.

José Luis Rodríguez Candela, presidente de la asociación Almería Acoge, considera "una barbaridad" que se eche, sin un procedimiento de expulsión con todas las garantías, a personas que se encuentran en territorio español, mientras que Juan José Rodríguez Ugarte, responsable de CEAR, tiene "más que dudas" sobre la legalidad de la decisión.

Amparándose en el procedimiento de retorno, la Subdelagación del Gobierno en Málaga negó a los inmigrantes el derecho a un abogado, a pesar de que el artículo 20 de la ley señala que "los extranjeros tienen derecho a asistencia letrada de oficio en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada o a su expulsión o a su salida obligatoria en el territorio español".

La tesis de Interior es que este artículo, al no mencionar expresamente el retorno, no obliga a facilitar abogado en este caso. Esta opinión ha sido discutida por destacados juristas, como el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, o el catedrático de Derecho Constitucional y diputado Diego López Garrido, quienes creen que el retorno es una salida obligatoria y que la ley debe interpretarse de la forma más favorable y nunca para limitar derechos.

El propio director general de Política Interior, José Ramón Onega, reconoció en febrero pasado que es un tema dudoso, por lo que anunció una consulta al Consejo de Estado cuyo resultado nunca se ha difundido.

La expulsión fulminante, sin agotar ni siquiera el plazo legal de 72 horas, ha impedido que los marroquíes puedan acogerse al artículo 55 de la ley, que permite permanecer en España a quienes colaboren en la desarticulación de las mafias que trafican con inmigrantes. Por el mismo motivo, ni siquiera llegaron a prestar declaración ante el juez que investiga la trama que los trajo a España y que ha enviado a prisión al conductor de la furgoneta.

Aunque la Guardia Civil sí les interrogó, no dispuso que declarasen en el sumario abierto contra la trama mafiosa. Según la Subdelegación del Gobierno en Málaga, "al haberlos pillado in fraganti, no era necesario".

Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia, cree que "se ha vulnerado la ley en materia de tutela jucial". Y, lo que no es menos grave, "se ha impedido que puedan testificar en el proceso penal" contra los traficantes de seres humanos.