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El PSOE cree ilegales varios contratos del edil de Salud

Rafael Simancas, concejal socialista que preside la comisión de vigilancia de la contratación del Ayuntamiento de Madrid, denunció ayer la adjudicación de varios estudios en 1997 y 1999 por el concejal de Salud, Simón Viñals (PP), a empresas relacionadas con el sociólogo Amando de Miguel. "Los contratos fueron fraccionados para no superar los dos millones que marca la ley y poder adjudicarlos directamente, evitando el concurso o la subasta".Simancas describe así las supuestas anomalías: "En 1997, el concejal de Salud adjudicó tres contratos, fraccionándolos ilegalmente a tres empresas supuestamente distintas, pero que no lo eran (Tábula Ikónica, Tábula-V y Artek-V), ya que tenían la misma dirección, el mismo apoderado y el mismo administrador único, un hijo de Amando de Miguel. El concepto de estos tres contratos era el mismo. Y también lo era el contrato, fraccionado en tres partes para adjudicarlo directamente".

Firma en el mismo día

Y apunta una guinda: "El concejal firmó los contratos el mismo día y ante el mismo representante para cada una de las tres empresas, Javier Castillo Cuesta, por lo que puede desecharse que el concejal no era consciente de estar adjudicando estos contratos a las mismas pesonas".

Simancas sostiene que este escenario se repitió en 1999. "Hubo dos contratos fraccionados ilegalmente, por un concepto idéntico: un estudio sobre valoración de instituciones. Se adjudicó directamente, contraviniendo la Ley de Contratos, ya que las empresas a las que se adjudicó eran las misma: tenían igual administrador e idénticos apoderado y dirección".

"En este caso existen dos agravantes: dicho estudio no aparece en la memoria del concejal de Salud de 1999, y las facturas llevan fecha anterior a la adjudicación. Parece que la empresa sabía que tenía que facturar cuando aún no había recibido la adjudicación del edil". Los contratos denunciados suman 10 millones de pesetas.

Carlos Izquierdo, representante del PP en la comisión de vigilancia de las contrataciones, defendió la legalidad de tales adjudicaciones: "El objeto de cada contrato está diferenciado, las empresas son distintas y se cumplen los requisitos legales". Y alegó que "empresas con los mismos socios hay muchas".

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