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Tribuna:EL DEFENSOR DEL LECTOR

Noticia y opinión

El asesinato de Fernando Buesa, portavoz socialista en el Parlamento vasco, provocó, además de la náusea habitual, un choque político virulento entre el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior que se sustanció en el Congreso a través del grupo nacionalista vasco.Muy en síntesis, el conflicto surgió cuando EL PAÍS publicó, el 21 de mayo pasado, que el Ministerio del Interior había ocultado datos de políticos alaveses incautados a ETA.

En la misma información se afirmaba que "miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) realizaron tareas de seguridad en torno al inmueble de Buesa el día del atentado, 22 de febrero, pero los mandos policiales no comunicaron estas actividades de vigilancia a la Ertzaintza".

En ese texto se citaba al "Gobierno vasco y otras fuentes" como origen de la información.

Días después, el líder del PNV, Xabier Arzulluz, se preguntaba si el Gobierno central utilizaba como cebo a las víctimas.

Se desencadenó entonces un cruce de exabruptos que se escenificó, el jueves 31 de mayo, en el Pleno del Congreso con una pregunta del diputado nacionalista, Joxe Joan González de Txábarri, al ministro, Jaime Mayor Oreja. Éste negó que hubiese ninguna actividad de contravigilancia en torno a Buesa.

El viernes 2 de junio se publicó un editorial, titulado Eficacia, no bronca, en el que, con rotundidad semejante a la de la información primera, se daba por buena la explicación del ministro y se afirmaba que "carecía de sentido la acusación implícita en la interpelación del diputado del PNV".

Julián Ayastuy, desde Bilbao, se ha dirigido al Defensor porque entiende que los lectores merecen "una explicación" sobre lo escrito ya que, afirma, el editorial "da más credibilidad a las palabras del ministro del Interior que al propio trabajo de los periodistas".

La explicación que pide Ayastuy toca de lleno alguno de los problemas más serios del periodismo: las fuentes de una noticia y el apoyo fáctico de las opiniones editoriales.

El Libro de estilo señala que "las informaciones de que dispone un periodista sólo pueden ser obtenidas por dos vías: su presencia en el lugar de los hechos o la narración por una tercera persona".

En esta ocasión es obvio que los periodistas que firmaban la información -Aitor Guenaga y Pedro Gorospe- la habían obtenido por la narración de otras personas y así lo hacían constar expresamente: "Según el Gobierno vasco y otras fuentes".

No es el ideal que fija el Libro de estilo, que exige, como norma general, la mayor concreción posible del origen de las noticias, pero la discreción, en este caso, encaja perfectamente dentro de la excepción que acepta el propio Libro de estilo para no revelar la identidad de la fuente. La extraordinaria gravedad del caso y sus connotaciones explican -como en otras ocasiones- que los informadores exijan al periodista reserva absoluta sobre su identidad.

El periódico publicó la información convencido de su veracidad ya que, de otro modo, se hubiera abstenido de hacerlo y, además, no fue desmentida después.

Eso explica, precisamente, la perplejidad del lector ante el editorial que, 12 días más tarde, aceptaba sin reservas la explicación del ministro al negar las afirmaciones del diputado González de Txábarri e, indirectamente, las del propio periódico. Credibilidad en democracia

Conviene una pequeña reflexión sobre la credibilidad de las fuentes: cualquier periodista es entrenado en la desconfianza hacia las informaciones que proceden de grupos de poder relevantes -políticos, económicos, religiosos-, pero, por encima de la higiénica actitud de suspicacia, las afirmaciones de las autoridades, en un sistema democrático, hechas en público o en privado, gozan de una presunción general de veracidad.

Lo contrario llevaría a situaciones que harían imposible el desarrollo habitual del flujo informativo.

La información original tenía el respaldo de miembros del Gobierno vasco "y otras fuentes".

El mismo razonamiento vale para las afirmaciones del ministro del Interior, máxime cuando se hicieron en sede parlamentaria y ante el pleno. Mentir al Parlamento es, quizá, el mayor atropello que un político puede cometer contra las normas que cimentan la democracia.

El periódico publicó la información que recogía la negativa del ministro a la pregunta del diputado del PNV, y al día siguiente expresó su postura en un editorial.

En la sección de Opinión se ha explicado al Defensor que, justamente, esa presunción de veracidad para el ministro que conoce los datos del asunto es lo que motivó que se aceptase su versión a la hora de pronunciarse sobre el conflicto.

La explicación parece convincente y, en definitiva, el periódico está en su derecho de decantarse hacia una u otra versión, después de haber publicado ambas y de advertir claramente sobre su origen.

Pero el Defensor acepta la exigencia del lector bilbaíno, que dice sentirse "engañado".

Las afirmaciones de un texto opinativo -firmado por un autor determinado, o como postura del periódico en un editorial- están prácticamente vedadas al reproche, a través de las normas del Libro de estilo, salvo que contuviesen alguna afirmación abiertamente contraria a hechos probados o a valores constitucionales o deontológicos.

Pero, en este caso concreto, un recordatorio de la información que el propio periódico creyó oportuno dar a sus lectores, días antes, apoyada en fuentes del Gobierno vasco, hubiera clarificado el discurso y, probablemente, hubiese evitado la razonable duda del lector.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de junio de 2000