Sólo 80 de las 1.000 joyerías que hay en la región se han librado de los ladrones en la última década

Una nueva oleada de robos ha puesto en pie de guerra a los joyeros de Madrid. Según este colectivo, en los dos últimos meses se ha contabilizado un atraco a joyerías cada tres días, el doble que en el mismo periodo del año pasado. En las dos últimas semanas han sido víctimas de cuatro atracos con violencia y dos secuestros. Además, la policía ha conseguido frustrar otros dos golpes que una banda organizada planeaba perpetrar contra sendos representantes de joyas. Sólo 80 de las 1.000 joyerías de Madrid, según las mismas fuentes, se han librado de los ladrones.

La inseguridad que padece el sector ha provocado una reunión extraordinaria, el próximo martes, en la que la patronal va a debatir una jornada de cierre y la convocatoria de una manifestación en la que pretenden que se sumen joyeros de toda España. "Estamos dispuesto a cualquier cosa para combatir este repunte de robos", afirma Armando Rodríguez, secretario de la Asociación Gremial de Joyeros y Plateros.Estos profesionales también se sienten olvidados por el nuevo delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, que lleva 20 días sin atender las llamadas de los representantes del sector. La Delegación del Gobierno creó una comisión para perseguir a los ladrones de joyas, pero la situación ha vuelto a empeorar, se quejan los joyeros.

La policía, por su parte, reconoce el incremento de los robos. Los especialistas lo atribuyen a la entrada en España de delincuentes internacionales. La policía asegura que el 98% de los robos son cometidos por bandas organizadas formadas en su mayor parte por colombianos y chilenos.

Algunos de los últimos asaltos más violentos tienen la firma de la banda del Comandante. Este grupo se ha especializado en secuestrar a joyeros y representantes. El pasado lunes, varios de sus integrantes irrumpieron en el domicilio del joyero Pedro Rodríguez. Durante más de seis horas, cuatro individuos, armados con pistolas y revólveres, mantuvieron secuestrados al industrial y a su familia, mientras otros tantos ladrones reventaban una caja fuerte de su establecimiento de la calle de Atocha. Se adueñaron de un botín en alhajas cuyo valor oscila entre 30 y 40 millones.

El gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros propone que el Gobierno acometa la reforma del Código Penal que les ofrezca mayores garantías. Sin embargo, tanto los parlamentarios del PP, PSOE e IU como el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Joaquin Sánchez Covisa, argumentaron que la solución no está tanto en la reforma legislativa como en una política que favorezca las medidas preventivas.

El secretario general del gremio, Armando Rodríguez, explicó que este comercio considera que la policía está realizando un esfuerzo máximo "y que no se le puede pedir más", por lo que considera que la solución para paliar los numerosos atracos y robos que sufre el sector pasa por una reforma legislativa que abarque tanto el Código Penal como la legislación procesal y procedimental.

El teniente fiscal, Sánchez Covisa, recalcó en un debate que no cree que la reforma del Código Penal ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda resolver este problema. "Los delitos contra la propiedad están suficientemente regulados con penas proporcionadas y delimitados de una manera ajustada", agregó.

Armando Rodríguez reclama al Poder Judicial que se aplique la legislación de forma rigurosa, especialmente la figura jurídica de la prisión preventiva. "La mayoría de los asaltantes arrestados sale en libertad y vuelve a delinquir", explica Rodríguez. "El problema es la aplicación defectuosa de la ley, por lo que pedimos a los jueces que se impliquen más y traten de evitar que los delincuentes vuelvan a la calle al poco de ser detenidos". "Hemos tenido heridos gravísimos en atracos, pero quizá no los suficientes muertos como para que se refuerce la seguridad de los joyeros", denunció el secretario de la gremial.

Muchos de estos comerciantes estudian incrementar sus propias medidas de seguridad con la instalación de cámaras de vídeo en sus tiendas. El montaje de este sistema puede costar entre 200.000 y 300.000 pesetas. Los profesionales quieren que la Administración regional o central arbitre ayudas o nuevas líneas de crédito para instalar las cámaras de vigilancia.