"Espero que estén con vida"

Podría ser simplemente un número, una estadística más en los informes sobre la guerra en Guatemala: el caso número 87; apenas cuatro páginas entre los 12 tomos impregnados de sangre que agrupan los datos de la represión.Podría ser eso, un número, pero en realidad es la vida de una mujer rota por las desapariciones. Adriana Portillo, de 47 años, perdió la misma tarde a sus dos hijas mayores, Rosaura, de 10 años, y Glenda, de 9; a su hermana pequeña, Alma Argentina, de 18 meses; a su padre, Adrián Portillo, de 70; a su madrastra, Rosa Muñoz, de 25, y a su cuñada Edilsa, de 18. Estos seis eran los invitados más tempraneros a la fiesta de cumpleaños de un sobrino que jamás se celebró.

"La desaparición es la forma más perfeccionada de tortura. Si te sacan los ojos, sabes que eso se terminará. Pero el dolor de una desaparición nunca tendrá fin", asegura Adriana en Madrid, donde hoy se personará como acusación ante la Audiencia Nacional en la querella de Rigoberta Menchú por genocidio y terrorismo de Estado contra dirigentes guatemaltecos.

En la tarde del viernes 11 de septiembre de 1981, a las dos, Adriana Portillo se acercaba a la casa de su padre, con otra cuñada, con la idea de celebrar ese cumpleaños. Venía de su pueblo, Juliapa, y sus dos hijas mayores se le habían adelantado la víspera, traídas hasta la capital guatemalteca por el abuelo. De pronto, se toparon con un operativo de policías, militares y agentes de civil que rodeaban la cuadra y que las pararon en seco. "Nos apuntaron con subametralladoras y nos empezaron a interrogar allá en la puerta. Querían saberlo todo, nuestra relación con los que allí vivían, si conocíamos al perro, en qué trabajábamos, de dónde veníamos".

A ratos, los uniformados les decían que podían pasar, que allí les esperaba su padre. A ratos, que su familia ya había marchado a su pueblo y que se habrían cruzado en el camino. Y a ratos, que estaban bromeando.

La prensa dijo que el operativo había desarticulado un "reducto guerrillero".

La verdad se la contó a su hermano un testigo, el tendero de enfrente, que había escuchado los gritos de mujeres y niños durante la operación. También se vieron mangueras limpiando el patio.

"Supongo que a mi papá, mi madrastra y mi cuñada los han matado", dice con voz temblorosa Adriana Portillo 18 años después. "Pero las niñas..., tengo la esperanza de que estén vivas. Tengo periodos en que lo veo todo negro, pero, en general, guardo la esperanza".

Son 6.000 los niños desaparecidos durante la guerra civil en Guatemala, contabilizados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico que ha clasificado a Adriana como "el caso ilustrativo número 87". De ellos, la mayoría ha muerto. Pero todos creen que los menores de 5 años eran vendidos en adopción; los que tenían entre 5 y 13 años eran entregados a cuarteles militares para su explotación, y los mayores de 13, simplemente liquidados como subversivos.

A diferencia de Argentina y Uruguay, donde las madres ya se han organizado y conseguido las primeras identificaciones de víctimas, en Guatemala el proceso apenas empieza.

"Yo estuve muchos años callada. Lo denuncié por primera vez en Guatemala en enero de 1997, después de los acuerdos de paz. Hasta entonces, abrir la boca habría sido firmar su sentencia de muerte".

Aunque Adriana se mudó con otros familiares a la capital guatemalteca tras aquella tarde fatídica, para "perderse y pasar inadvertidos entre tanta gente", apenas duró tres años allí. Pronto el Ejército les encontró y empezó a intimidarles: cadáveres frente a su puerta, arresto de su marido, asalto de madrugada. "La próxima vez no viviréis para contarlo", les dijeron la última vez. Y unos días después, "con lo puesto y una bolsa plástica con fotos", cruzaron la alambrada de púas que separa México de Arizona. Hoy, Adriana Portillo dirige en Chicago una organización para buscar niños desaparecidos. No cree en la justicia de su país, pero ahora tiene dos cosas en la mano: la primera, el auto por el que el juez de la Audiencia Guillermo Ruiz Polanco admitió la querella de Menchú; y la segunda, uno de los participantes en la operación contra su familia está dispuesto a hablar. Esto es lo que, hoy, Adriana Portillo pondrá en bandeja al juez.