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LA CRISIS EN EL PAÍS VASCO

El Gobierno vasco denuncia a Villar por acusarlo de colaborar con ETA

El Gobierno vasco ha presentado una querella criminal por posibles delitos de prevaricación y calumnia contra el delegado del Ejecutivo central en Euskadi, Enrique Villar, por unas declaraciones en las que reconocía que las Fuerzas de Seguridad del Estado ocultan a la Ertzaintza información sobre la lucha antiterrorista. Villar declaró el pasado jueves a CNN+ que no existe la colaboración necesaria. Y argumentó por qué: "Nos es difícil compartir ciertos datos, aunque deberíamos hacerlo, con un Gobierno [el vasco] que colabora con los asesinos a los que perseguimos".

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La vicepresidenta del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, anunció la querella tras la reunión semanal del Gabinete del lehendakari, Juan José Ibarretxe. Según Zenarruzabeitia, Villar ha podido incurrir en un posible delito de prevaricación y otro de calumnia."Se trata de un asunto de una gravedad extrema, ya que los responsables de garantizar la seguridad de las personas en Euskadi son las autoridades del Gobierno vasco, a las que intencionadamente el Ministerio del Interior oculta de forma interesada información sustancial para llevar a cabo su función con eficacia", se quejó.

Por su parte, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, aseguró ayer que si su partido no ha presentado otra querella contra el jefe del Gobierno central, José María Aznar, por sus últimas diatribas contra el PNV se debe a que es "absolutamente inútil". "No hay juez en España que juzgue al presidente del Gobierno y a los suyos por estas cuestiones, pero con el Código [penal] en la mano, evidentemente son calumnias", enfatizó.

El delegado del Gobierno realizó sus declaraciones un día después de que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el consejero vasco del mismo área, Javier Balza, se reunieran para resolver los problemas surgidos a partir del intercambio de datos sobre la organización terrorista ETA. Balza había acusado al ministerio de no recibir información sobre amenazas a jueces.

Las reacciones a la presentación de la querella brotaron de inmediato. Mayor tachó de "barbaridad y disparate" la decisión del Gobierno de Vitoria y lamentó que vuelva a "equivocarse de adversario". "Tienen derecho, pero yo creo que la querella criminal deberían reservarla para gente de ETA y HB que está amenazando incluso a compañeros suyos", en referencia a algunos políticos nacionalistas contrarios a los pactos con Euskal Herritarrok.

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El PP vasco se mostró más beligerante. Carmelo Barrio, su secretario general, señaló que su partido suscribe "a pies juntillas" las manifestaciones de Villar.

Y Ramón Jáuregui, portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, aseguró que se trata de "un paso más en la escalada del enfrentamiento irresponsable entre el PP y el PNV".

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