El Tribunal de Cuentas ve numerosas anomalías en la contratación de obra pública

El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios de consultoría por parte de las comunidades autónomas, que llevan en ocasiones a no escoger la oferta más ventajosa. El tribunal hace esta consideración en el informe anual del ejercicio de 1996 relativo a los sectores públicos autonómicos y locales, que ha remitido al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva.El órgano fiscalizador detecta que en la mayoría de los casos los contratos se han adjudicado mediante concurso, mientras que la subasta se utilizó muy escasamente, a pesar de ser la forma ordinaria de adjudicación de obras públicas que permite obtener las mejores ofertas y la adecuada calidad en la ejecución de la obra.

Asimismo, se aprecia que en los concursos los criterios de adjudicación con frecuencia no están ordenados como requiere la normativa, ni en algunos casos expresados con precisión. Además, el precio de cada oferta se valora en función de la proximidad a la media resultante de todas las presentadas y no a la baja, lo que "no es coherente con el principio de economía" que debe regir la gestión de los fondos públicos. También se señala que, en muchos casos, no se establecen con precisión los límites a las variantes o alternativas que pueden ofertar los licitadores y que en las adjudicaciones se fundamentan "deficientes" informes técnicos de valoración de las ofertas.

Retrasos sin sanciones

En la fase de ejecución de los contratos, el tribunal observa "frecuentes retrasos no amparados por la concesión de prórrogas justificadas", sin que conste en la información que le han remitido las comunidades autónomas que se hayan impuesto a los contratistas las sanciones previstas legalmente. Entre las causas que provocan tales retrasos destaca la falta de posesión de los terrenos necesarios para las obras y la necesidad de redactar modificaciones de proyectos que se están ejecutando para satisfacer necesidades que, en muchos casos,debían haberse contemplado en los proyectos originarios, lo que evidencia su "deficiente preparación".

Según el informe, también es frecuente que se tramiten como contratos complementarios algunos que, en realidad, constituyen modificaciones. Estas modificaciones, que generaron significativos incrementos en los costes y en los plazos de ejecución de los contratos, se aprobaron además sin que constara en la documentación que se llevarían a cabo las actuaciones reglamentarias que permitirían exigir las correspondientes responsabilidades.

Respecto a los contratos de suministro, no se justifica, tal como requiere la normativa, la necesidad de las adquisiciones para el funcionamiento de los servicios públicos.

El volumen de los contratos fiscalizados asciende a 226.511 millones de pesetas, 157.808 correspondientes a contratos concedidos mediante concurso, 16.724 mediante subasta y 36.242 siguiendo el procedimiento negociado; a los que hay que añadir los analizados por los órganos de control externo de Andalucía, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.