Aznar promete entregar a los mafiosos refugiados

El presidente del Gobierno, José María Aznar, se comprometió ayer a colaborar intensamente con las autoridades italianas para que "en el plazo más breve posible puedan ser entregados" a Italia los mafiosos refugiados en España. Y añadió que no está dispuesto a que España se convierta en un refugio para los fugitivos de la Mafia. "Éste es un tema muy complejo, pero existe la voluntad y determinación firme del Gobierno español de colaborar intensamente con el Gobierno italiano", dijo.

ENVIADOS ESPECIALES. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se comprometió ayer a colaborar intensamente con las autoridades italianas para que "en el plazo más breve posible puedan ser entregados" a Italia los mafiosos refugiados en España. Y añadió que no está dispuesto a que España se convierta en un refugio para los fugitivos de la Mafia. "Éste es un tema muy complejo, pero existe la voluntad y determinación firme del Gobierno español de colaborar intensamente con el Gobierno italiano", dijo.

Al término de la novena cumbre bilateral, celebrada en Nápoles, tanto Aznar como su homólogo italiano, Giuliano Amato, expresaron su firme voluntad política de resolver cuanto antes este problema, abordando si es necesario reformas legales que armonicen sus legislaciones. Como primera medida y gesto de buena voluntad, 831 de las 1.089 órdenes de detención contra mafiosos condenados en rebeldía en Italia y reclamados para su extradición que fueron anuladas por España van a ser atendidas, y la policía ya ha ha iniciado la búsqueda de los delincuentes, según señalaron ayer fuentes gubernamentales.

Dichas órdenes de detención habían sido canceladas por la Oficina Sirene de la policía española, conectada al Sistema de Información Schengen (SIS), por indicación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Tres recientes sentencias del Tribunal Constitucional han avalado a posteriori el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y anulado la extradicion de tres criminales concedida por esa instancia judicial, al concluir que los juicios en ausencia del acusado en Italia no respetan el derecho fundamental a la defensa.

Los agentes españoles colocan un flag (orden de anulación) a todas las peticiones de detención tramitadas por los jueces italianos. El Ministerio de Justicia de ese país, a través de la Red Judicial Europea, expresó hace varias semanas su protesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Amato se mostró comprensivo con la negativa española a extraditar a los mafiosos, con el argumento de que el Gobierno de Madrid es ajeno a las decisiones de los tribunales, y anunció la creación de un grupo de trabajo formado por técnicos de los ministerios de Justicia e Interior para elaborar un acuerdo bilateral que establezca un marco común de lucha contra la delincuencia organizada y evite la repetición de estas situaciones. "Hay un acuerdo total en la lucha contra el crimen organizado", dijo el presidente italiano, e insistió en que, a la mayor brevedad, buscará fórmulas que agilicen los procesos de extradición y fortalezcan la cooperación en la lucha contra el crimen.

Las fórmulas que hay sobre la mesa para solucionar el conflicto de los juicios en rebeldía son dos: que Italia, al igual que Francia, acceda a repetir los juicios contra los mafiosos entregados por España o que curse las demandas de extradición antes de celebrar los juicios y no después, como hace hasta ahora.

Ni Aznar ni Amato quisieron decantarse por ninguna solución, amparándose en que antes debe emitir su informe el grupo de trabajo, que dispondrá de un plazo muy corto para hacerlo. Lo cierto es que la repercusión pública de este problema, que ayer trató con amplitud la prensa italiana, ha cogido por sorpresa a ambos Gobiernos, hasta el punto de que a pesar de ser uno de los temas estelares de la cumbre, los ministros de Justicia no fueron invitados a Nápoles.

Amato afirmó por vez primera que su país está abierto a acometer las reformas legales necesarias para evitar la impunidad de los mafiosos, aunque defendió los juicios en rebeldía celebrados en su país con el argumento de que se respetan escrupulosamente los derechos de los imputados y, salvo error, nunca se juzga a nadie sin su conocimiento.

Aznar dejó abiertas todas las posibilidades al afirmar que, a pesar de la "complejidad técnica del tema", su propósito es entregar a los mafiosos "bien para ser juzgados o para cumplir su condena". El ministo del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo por su parte que todas las "restricciones policiales han sido suprimidas".