La Confederación culpa del vertido de lodos del Segura a una empresa

La Confederación Hidrográfica del Segura responsabilizó ayer a la empresa Pozos Reunidos del presunto delito ecológico que instruye un juzgado de Orihuela por la extracción de lodos contaminados del río y posterior depósito en diversas zonas verdes de La Vega Baja, pese a que el organismo supervisó los trabajos.

Julio Muñoz, el ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Segura que en 1998 dirigió la extracción de lodos del río en Rojales y Orihuela y su posterior depósito en zonas verdes de La Vega Baja, declaró ayer ante el juez que instruye la causa que no indicó el lugar donde se debían realizar los vertidos, trasladando así la responsabilidad a la empresa Pozos Reunidos, adjudicataria del trabajo.La investigación judicial trata de determinar quién fue el responsable último del vertido de lodos contaminados en sotos del Segura de las localidades de Rojales y Formentera, que motivó diversas denuncias por parte de vecinos, agricultores y ecologistas.

Además del responsable técnico de la Confederación, ayer declararon otra vez los representantes de la empresa subcontratada por la adjudicataria, quienes se reafirmaron en que el lugar elegido para verter los lodos extraídos en Rojales les fue indicado en una reunión, celebrada en el Ayuntamiento de esta localidad, a la que asistió el responsable de Pozos Reunidos, el alcalde de la localidad y representantes de la Confederación, versión que coincide con la que ya aportó al juez la empresa adjudicataria.

Pese a estas dos declaraciones, el ingeniero de la Confederación manifestó ayer desconocer la celebración de esa reunión, y precisó que los sotos en cuestión (zonas verdes junto al Segura) habían sido cedidos anteriormente a los respectivos ayuntamientos.

El portavoz de la Comisión Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, calificó ayer de "fundamental" la imputación contra la Confederación en el proceso de envenenamiento que sufre La Vega Baja. El colectivo, que ejerce la acusación particular en el proceso, concede a la institución la "responsabilidad máxima" de la contaminación del Segura. "Algún día le pediremos indemnizaciones para los agricultores y para los vecinos por el envenenamiento de las tierras y la salud", declaró.

Por otra parte, Pro-Río comenzó ayer la venta de las primeras 1.000 pancartas confeccionadas para reivindicar el saneamiento integral del Segura. Cada ejemplar se vende a 500 pesetas, y la protesta persigue "empapelar" la comarca hasta que el nuevo ministro de Medio Ambiente visite la zona.