Pido la palabra

La aceptación del compromiso político militante comporta, en alguna medida, una pérdida de autonomía personal y la aceptación democrática de una voluntad común, como necesidad de articular la acción política. En mayor medida, la aceptación de la representación política conlleva para quien la asume, un paso más en el compromiso y en la necesidad de adecuar la voluntad individual a la del grupo. Si en esto parecen no existir demasiadas dudas, el problema puede llegar a plantearse al profundizar en el análisis de los mecanismos a través de los cuales se forma esa voluntad política del grupo. Pueden descartarse de las anteriores dudas aquellos compromisos generales explicitados por los partidos en sus congresos, programas electorales, etcétera. Pero no es tan evidente en aquellos asuntos que por su novedad o especificidad no ha recaído un pronunciamiento claro.Y éste puede ser el caso de la llamada ecotasa, que se incorpora a la agenda política sin que se haya producido el debate suficiente en nuestra comunidad, que pueda tener un reflejo claro en la expresión pública de los partidos políticos. Las novedades, las propuestas que no tienen memoria ni control sobre su posible efecto mediático y su consiguiente repercusión en el cuerpo electoral, son asuntos que los partidos mayoritarios suelen eludir.

Eran esperables, por tanto, algunas reacciones de urgencia ante el anuncio de una propuesta de estudio (y repito, de estudio), temerosas de todo lo que huela a gravamen, impuesto, tasa o exigencia de aportación. Imbuidos como estamos de tanta propaganda neoliberal que demoniza todo compromiso impositivo.

Crear cultura positiva sobre la necesidad de contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado, fue una de las tareas importantes en la transición política, después de un largo periodo de absentismo contributivo. Pero lo que se construye con esfuerzo y tiempo, puede desmontarse con suma facilidad, ya que es fácil ofrecer a los ciudadanos un proyecto basado en las rebajas fiscales y muy costoso lo contrario. Por tanto, cualquiera que pretenda hablar de tasas o gravámenes, después de algunos años de mensajes reduccionistas, corre el riesgo de ser seriamente contestado. Pero aún a riesgo de ser blanco de algunas iras, en defensa de la coherencia de pensamiento y, asumiendo de antemano los riesgos, hay que pedir el derecho a la palabra.

Los problemas medioambientales deben requerir toda nuestra atención y cualquier nuevo concepto no puede ser despachado alegremente. Se pretende hacer creer, de forma interesada, que los desequilibrios medioambientales producidos por la actividad turística o, cualquier otra, deben tener su atención a través de presupuestos generales, esto es, socializar los costes y (no se dice pero se piensa), privatizar el beneficio. No debe ser así ni en éste, ni en otros casos, en los que se puede identificar con claridad el sujeto impositivo. Lo contrario induce a una cultura de la responsabilidad general y, por tanto, no compromete de forma directa al causante del perjuicio ecológico con su solución. Por lo tanto, recurrir a la bolsa común para resolver problemas identificables en cuanto a su origen y solución, nos lleva al descompromiso específico.

Liberar hacia el medio natural, transferirle, parte de la factura que no tiene reflejo en los costes de explotación, es un recurso frecuentemente utilizado y que debe terminar. Lo llaman precios competitivos y a veces, con mayor frescura, se habla de eficacia y hasta de eficiencia. Si fuéramos razonables, empezaríamos a llamarle por su verdadero nombre, agresión ecológica y, en algunos casos, delito ecológico.

Por ello es aconsejable y habrá que profundizar en este nuevo enfoque del problema, que todo producto producido debe incorporar en su precio final, de alguna forma, lo que realmente cuesta, hablando en términos ambientales. Pero además, en el caso que nos ocupa, significa también el recuperar espacios degradados y que se han ido acumulando a lo largo del tiempo.

Pero si las externalidades no contabilizadas, no repercutidas en el precio final, se trasladan impunemente al medio natural o, lo que sería otro aspecto de la cuestión, a uno de los componentes de la propia oferta turística como son algunos de sus elementos diferenciales y distintivos, además, estaremos haciendo un mal negocio. Y si como es el caso de gran parte de la industria turística de la Comunidad Valenciana, constituida por pequeñas y medianas empresas de capital y radicación local, deberíamos estar seriamente preocupados por mantener la calidad de ese producto que constituye en buena medida, la continuidad del negocio. Que esa no sea la prioridad de los grandes grupos financieros inversionistas en turismo o de las agencias internacionales, entra dentro de su lógica comercial. Cuando se acaben los atractivos pueden trasladarse a otro lugar, la industria local no.

Por lo tanto, al igual que yo reclamo mi derecho a la palabra y recupero por un instante mi autonomía individual, en esta expresión pública de mi posición política sobre la ecotasa, recomiendo a tantos pequeños y medianos empresarios de la Comunidad Valenciana que recuperen su propia voz (al igual que han hecho otros empresarios del sector de Baleares), para poder entrar en ese debate abierto de una sociedad libre, que no se somete al criterio de los poderosos que creen tener el monopolio de la razón y de la expresión pública.

Francisco Pérez Baldó es diputado por el PSPV en las Cortes Valencianas.