Guardias civiles acusados de proteger un prostíbulo declaran que iban de servicio

Los cinco agentes de la Guardia Civil acusados de proteger el club de alterne Pipo's, en las afueras de Orihuela, a cambio de favores sexuales, regalos y otras prebendas, declararon ayer ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Alicante que acudían al prostíbulo en acto de servicio, y que no observaron que ese club de alterne se ejerciera la prostitución porque, de lo contrario, hubieran actuado.Los miembros del instituto armado, adscritos a la Policía Judicial de la Guardia Civil en Orihuela cuando sucedieron los hechos, en 1992, aseguraron que las consumiciones que tomaban en el local las abonaban, en algunas ocasiones, con dinero de su bolsillo, y en otras con fondos de las dietas que tenían asignadas.

El tribunal también juzga al dueño del local, José Vera Ruiz, y a un hijo de uno de los agentes, Francisco de Asís Parra Balanza, que ahora también pertenece al instituto armado.

El juicio comenzó ayer, después de dos aplazamientos por incomparencia de testigos. Hoy está citado Gregorio Roncero, el camarero del local que destapó el caso, supuestamente después de que su jefe se negara a satisfacerle la cantidad de 480.000 pesetas que reclamó como indemnización por su despido. El empleado, según la fiscal, trató de extorsionar al dueño del club, en diciembre de 1993, con un vídeo de 25 minutos de duración grabado en local que recogía la presencia de los guardias civiles.

Decidido ya a destapar el caso, el antiguo empleado del Pipo's prestó declaración ante un juez de Orihuela. El magistrado intervino dos copias del vídeo que Roncero había vendido a un semanario. Aunque en las grabaciones aparecían una docena de guardias civiles, alguno de alta graduación, sólo cinco han sido acusados.

La Fiscalía sostiene que los agentes comían y bebían gratis en el lujoso club del alterne, emplazado en el acceso a Orihuela desde la A-7, y que, incluso, se acostaban sin pagar con mujeres que trabajaban en el local, la mayoría de ellas inmigrantes, a cambio de proteger el establecimiento.

Fernando Leiva Camacho, José Martínez López Antolinos, José Parra Salas, Antonio Román Rodríguez y Andrés Guillén Martínez, todos guardias civiles adscritos a la demarcación de Orihuela, visitaban con frecuencia el prostíbulo en el ejercicio de sus funciones, sin intención alguna de investigar el delito de prostitución que se llevaba a cabo en el negocio, según la fiscal.

Los acusados se enfrentan a las penas de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y multas millonarias, e inhabilitación especial durante siete años por cohecho, más un año de inhabilitación especial para ejercer cargo público.

El ministerio fiscal sostiene en su calificación provisional que uno de los acusados, el subteniente José Parra, entonces jefe de la línea de la Guardia Civil en Orihuela, aceptó como regalo del dueño del prostíbulo una finca rústica en Torres de Cotillas (Murcia).

Tasada en 19.813.984 pesetas, la parcela fue inscrita a nombre de Francisco de Asís Parra Balanza, hijo del subteniente José Parra y también procesado. A éste se le imputa por aceptar la donación "a pesar de conocer" a cambio de qué se le transmitió la mencionada propiedad.

También hubo pagos con dinero a cambio de garantizar la protección del local, según la calificación fiscal. El subteniente Parra recibió dinero en dos ocasiones, "375.000 pesetas -en metálico- en agosto o septiembre de 1992, y un cheque, del que se desconoce el importe, en abril o mayo de ese mismo año".

Otro de los agentes encausado, Andrés Guillén, recibió del propietario del local un turismo de la marca BMW. Según la acusación pública, el guardia lo estuvo utilizando hasta que comenzaron a instruirse las diligencias. Luego desapareció misteriosamente.

Ayer, durante la primera sesión del juicio oral, los agentes negaron haber recibido prebendas y dinero a cambio de proteger el club de alterne. El acusado de aceptar la finca aseguró que no se trató de un regalo, sino de una compra, por la que abonó, dijo, siete millones de pesetas. El subteniente Parra negó con rotundidad que recibiera dinero del dueño del prostíbulo, ni en metálico ni en talones bancarios.

Amistad

El guardia civil implicado en aceptar el BMW aseguró en el juicio que no se trató de un regalo. Si a veces lo conducía era por su amistad con el propietario del turismo, hijo del dueño del local, aseguró el agente al tribunal.

La amistad entre los guardias civiles y el propietario del local de alterne quedó patente en varios momentos de la sesión. Éste reconoció que asistió a una fiesta en honor a la patrona de la Guardia Civil invitado por los ahora acusados.