El fiscal pide ocho años de cárcel para el ex edil de Obras de Getafe por cobro ilegal de comisiones

El fiscal reclama ocho años de cárcel, otros ocho años de inhabilitación para desempeñar un cargo público y una multa de 100 millones de pesetas por un delito de cohecho para José Antonio Serrano Esteban, ex concejal de Obras del Ayuntamiento de Getafe. El fiscal le acusa de percibir suculentas comisiones del constructor Enrique Álvarez Arana a cambio de adjudicarle obras municipales saltándose la ley y en detrimento de otras constructoras del municipio. Para el constructor, el fiscal solicita un total de 18 años de cárcel por delitos de cohecho y falsedad.

La Sección 17ª de la Audiencia de Madrid ha fijado el juicio para mañana, lunes, aunque es probable que se aplace -y sería la quinta vez- ante la indisposición por enfermedad alegada el pasado jueves por uno de los abogados defensores.El escrito del fiscal sobre este supuesto caso de corrupción es demoledor. Según el ministerio público, Serrano, concejal de Obras entre los años 1988 y 1994, "expuso" al constructor Álvarez Arana, tras los "deseos" de éste de que le concediese obras municipales, "la exigencia de recibir personal y directamente una comisión" por cada construcción que le adjudicase. Así, entre los años 1989 y 1993, empresas vinculadas a Álvarez Arana pero que estaban a nombre de familiares suyos en calidad de testaferros -Praper, SA, y Aucarán, SL- resultaron adjudicatarias directas de 25 obras por importe de casi 200 millones, sostiene el ministerio público.

Según el fiscal, el edil obvió la reglamentación municipal sobre contratación y favoreció que esas empresas fuesen las adjudicatarias. Una veces, ordenando a los técnicos municipales que sólo invitasen a participar en los concursos a empresas del grupo de Álvarez Arana y, otras, informando sobre las características de las ofertas, todas secretas, presentadas por otras empresas del municipio. De esa forma, podían mejorarlas y quedarse la obra. Es decir, jugaban con ventaja.

En otras ocasiones, y cuando por ley se veía obligado a elegir entre tres sociedades (adjudicación directa), se citaba a tres empresas con nombres y responsables distintos, aunque las tres controladas por el citado constructor. El fiscal explica: "Las escasísimas ocasiones en que las empresas de Álvarez Arana concurrían en concursos municipales con otras empresas del municipio no controladas [por él], los servicios técnicos del Ayuntamiento, por indicación del concejal, señalaban al acusado el precio exacto o baja que debía incluir en su plica a la vista de las presentadas por las otras empresas". Merced a estas adjudicaciones, el concejal percibió del constructor, en concepto de comisiones, casi once millones, siempre según el fiscal.

El fiscal destaca que fruto de estos supuestos comportamientos anómalos, entre el concejal y el constructor se produjeron "numerosas contraprestaciones económicas". El ministerio público reseña las siguientes: "A finales de 1990 ambos (...) simularon la venta de acciones de la empresa Auracán. Once días después de fundarse la citada empresa, la esposa del concejal, por indicación de su marido, compró un 25% de Auracán sin que mediase contraprestación económica".

Parte del dinero que el constructor entregó por comisiones al concejal fue depositado en un fondo de inversiones de Caja de Madrid. Dinero que se puso a nombre de la esposa del edil.

Además, el constructor "procedió gratuitamente, entre los años 1991 y 1992", a edificar un chalé para el edil y su esposa en la localidad de Ugena (Toledo). Las obras importaron 15 millones. Y además le hizo regalos entre 1990 y 1992 por importe de casi 12 millones.

Letras de cambio

Otra de las irregularidades que imputa el fiscal al constructor cristalizó entre enero y junio de 1992. Falsificando certificaciones de obras ya cobradas, Álvarez Arana obtuvo otros 110 millones de pesetas. En 1993 hizo algo parecido: "[Alvarez Arenas] confeccionó 16 letras de cambio por un valor conjunto de 15.212.000 pesetas en las que manifestó que existía una relación comercial entre sus empresas Praper y Auracán como libradores y la sociedad Gresa (Grandes Redes Eléctricas, SA) en calidad de librada, simulando la firma del acepto como si lo fuera de un representante de aquella empresa. Las citadas letras", señala el fiscal, "fueron negociadas por el acusado, aunque no consta acreditada la existencia de perjuicios económicos para alguna entidad bancaria o para el librado".

El fiscal, en su escrito de acusación provisional, pide que se decomisen las dádivas entregadas al concejal por su colaboración con el constructor y que indemnice a Caja de Madrid, por las falsas certificaciones, con 110 millones. El fiscal también pide que peritos judiciales tasen las obras acometidas en el chalé que el concejal posee en Toledo.