Italia responsabiliza al fiscal Fungairiño de anular mil detenciones de mafiosos

El pasado 15 de febrero, Giovanni de Donato, responsable de la Oficina de Extradiciones de la Dirección General de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia italiano, remitió una carta a Madrid para protestar por la anulación de las órdenes para detener y extraditar a lo más granado de la Mafia italiana, algunos de cuyos significados miembros se cobijan bajo el sol español. La misiva iba dirigida a Jesús Alarcón, subdirector general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, y a Rubén Jiménez-Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos, puntos de enlace de la Red Judicial Europea, organismo dependiente de la Unión Europea.De Donato, que anteriormente ejerció como juez y fiscal, criticaba la anulación de todas las reclamaciones de los jueces italianos y decía: "Le recuerdo a propósito de eso que, caso único en Europa, el fiscal del Reino de España ante la Audiencia Nacional sugirió a la Oficina Sirene española que pusieran el flag a cualquier petición de detención preventiva con fines de extradición basada en una condena definitiva aunque no resultara haber sido inflingida en contumacia. Bastaba con que que no constara lo contrario".

Al responsable de las extradiciones en Italia no le faltaba razón para señalar a Fungairiño. En las últimas reuniones internacionales del área Schengen, -acuerdo de libre circulación de personas firmado por todos los países de la UE, salvo el Reino Unido e Irlanda- los responsables policiales españoles se habían excusado ante él y le habían asegurado que no podían arreglar el problema si el señor Fungairiño "no estaba de acuerdo".

Según señalan fuentes italianas, funcionarios de la policía española manifestaron en esos encuentros que se limitaban a seguir los consejos y pautas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, contraria a la concesión de extradición de italianos sentenciados en rebeldía. El fiscal les advertía de que, si no anulaban esas órdenes de detención, podían ser responsables de una actuación irregular.

Idéntico argumento han expuesto recientemente los responsables policiales españoles de la Oficina Sirene, donde se anulan las órdenes de detención cursadas por los italianos, a Rubén Jiménez, vocal del CGPJ, y a Ángel Galgo, letrado del gabinete técnico de ese organismo, cuando se dirigieron a sus responsables para interesarse por las quejas de los fiscales italianos. "La policía carece de asesoramiento legal y cuando tienen dudas acuden a Fungairiño. Es el único que se muestra disponible", señalan fuentes conocedoras de esos encuentros.

El Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen establece la posibilidad de introducir el flag de validez cuando el Estado requerido considera que la búsqueda del delincuente no es compatible con su Derecho nacional, con sus obligaciones internacionales o con intereses nacionales esenciales. En caso de duda, el reglamento señala que la policía deberá contactar con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. No obstante, la medida es excepcional y ningún país, salvo España, anula las órdenes de detención dictadas por Italia.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional insiste en que no da órdenes ni puede darlas a la policía española, que, según él, actúa bajo su propia responsabilidad. "Cuando preguntan por escrito yo les contesto la postura que tiene la Fiscalía sobre este asunto: que no informamos favorablemente la extradición de italianos juzgados y condenados en rebeldía", explica Fungairiño.

Y añade : "Se les contesta la opinión de la fiscalía sobre la prosperabilidad de los casos. El consultar criterios no es imponer criterios. Quieren saber cuál es el nuestro, pero eso no significa que demos órdenes. La Audiencia Nacional cambió su criterio en 1996 sobre estos casos. Nosotros no cambiamos, seguimos estando contra esas extradiciones".

Los jueces de la Audiencia Nacional mantienen una postura contraria a la fiscalía que dirige Fungairiño y son favorables a conceder la extradición de los condenados en rebeldía por Italia. Estiman que se han garantizado sus derechos mínimos de defensa.

En 1998, la Oficina Sirene española, buzón policial para recibir los requerimientos de los 13 países firmantes del Acuerdo de Schengen, había anulado 600 órdenes de detención tramitadas en el Sistema de Información Schengen (SIS). Este sistema mantiene interconectadas a las policías de esos países y cuenta con un gigantesco ordenador en Estrasburgo.

En diciembre de 1999, la policía española había colocado el flag de anulación a 1.025 mafiosos y criminales italianos que podían pasearse por España sin temor a ser detenidos. Su orden de detención, válida en todos los países firmantes del Acuerdo de Schengen, era papel mojado en territorio español. "La Mafia italiana se está estableciendo en España por este motivo. Es un auténtico paraíso. Algunos de los que reclamamos ya están allí. Otros van a ir por recomendación de sus abogados", señalan fuentes de la Fiscalía Antimafia italiana, que dirige Perluigi Vigna.

De Donato ha denunciado esta situación a las autoridades españolas en reuniones celebradas en Bruselas y en notas enviadas a la Oficina Sirene de España, pero, según su misiva del pasado mes de febrero, "desgraciadamente no surtieron ningún efecto".

El pasado jueves y viernes, la policía española revocó 110 flag de los 1.089 vigentes. Los policías de la Oficina Sirene en Roma no daban crédito al "incipiente" cambio de sus colegas españoles.