La Fiscalía estima delito falsear los méritos en la bolsa de trabajo del SAS

Los documentos apócrifos aportados por una treintena de empleados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para obtener más puntuación en la bolsa de trabajo podrían constituir un delito de falsedad. Así lo entiende la Fiscalía de Málaga, que ya ha remitido algunos casos al juzgado decano para que se incoe las oportunas diligencias. En los últimos meses, la Delegación de Salud ha puesto en conocimiento del ministerio público todos los expedientes en los que ha encontrado documentos manipulados. El goteo ha sido constante y ha incluido celadores, ATS, técnicos especialistas y hasta algún médico. Según informaron fuentes judiciales, en total son alrededor de 30 personas, que falsificaron desde títulos y horas de cursos hasta certificados de servicios prestados para tener más puntos y quedar así mejor situados en la bolsa.

Estas actuaciones no son nuevas. Hace casi tres años, Salud llevó ante el fiscal a unos 70 trabajadores por hechos similares. Entonces, el juez instructor constató que las falsificaciones existieron, pero consideró prescrito el delito salvo en tres casos en los que finalmente se impuso una pena menor. Ahora, la decisión adoptada por la Fiscalía ha reabierto la vía penal.

En el frente contencioso, Salud ha sufrido un revés. Un juzgado de Málaga ha estimado un recurso de una trabajadora contra su expulsión de la bolsa, otras de las medidas que en su día adoptó la administración contra los empleados en cuyos expedientes se encontraron documentos manipulados. El juez reconoce que se produjo una "presunta infracción", aunque entiende que la sanción aplicada (expulsión) se produjo "de plano, sin seguir procedimiento alguno" lo que supuso una vulneración de "principios esenciales".

Por la jurisdicción social, en cambio, Salud vio respaldadas las tesis esgrimidas para rescindir los contratos de los trabajadores que habían utilizado certificados falsos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó las sentencias de primera instancia que en su mayoría interpretaron que no existió despido sino válido cese de la relación laboral.